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El Real Zaragoza admite un fraude fiscal en el despido de Luccin y paga 920.000 € para pactar con Hacienda y la Fiscalía

El principio de acuerdo obliga a aplazar el juicio por unos hechos que se remontan a tiempos del agapitismo. Las acusaciones piden tres años de cárcel para Agapito Iglesias, Francisco Checa, Javier Porquera, Peter Luccin y la SAD, además de 10 millones de euros en multas. 

Agapito Iglesias habla con el exdirectivo Javier Porquera (de espaldas) y Peter Luccin observa desde el fondo.
Agapito Iglesias habla con el exdirectivo Javier Porquera (de espaldas) y Peter Luccin observa desde el fondo.
Guillermo Mestre

El expropietario del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, el exdirectivo Javier Porquera,  el  secretario general del club, Paco Checa, el futbolista Peter Luccin y la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) tenían que haber sido juzgados este martes en la Audiencia Provincial de Zaragoza como presuntos autores de un delito de fraude fiscal cometido durante el ejercicio 2010 con finiquito del futbolista francés durante los tiempos del agapitismo.

Sin embargo, el adelanto de 920.000 euros por parte de la SAD –dinero que se consignó en los tribunales antes de la hora fijada para la vista oral–, y la futura aportación de otros 400.000 euros pendientes de negociar, ha llevado al tribunal a aplazar el juicio hasta el próximo 2 de marzo.

Así lo solicitaron las acusaciones, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado en nombre de la Agencia Tributaria, como las defensas de los cinco acusados. El tribunal de la Sección Sexta, ante la expectativa de este acuerdo, accedió a su solicitud. Además, los letrados defensores han aportado un buen número de documentos que tienen que ser analizados ahora por el fiscal y la abogada del Estado para cerrar definitivamente el acuerdo.

Los acusados se enfrentaban inicialmente a una petición de tres años de cárcel y dos millones de euros de multa para cada uno de ellos, así como la devolución del dinero defraudado más los intereses de demora. Esta última cuestión ha sido la más peleada por la abogada de la Agencia Tributaria, pues no estaba dispuesta a renunciar a recuperar ese dinero –los 400.000 euros pendientes– para la Hacienda Pública.

El fraude fiscal se cometió en 2010, cuando Agapito Iglesias estaba al frente del Real Zaragoza y el club despidió a Peter Luccin. El jugador francés recibió en concepto de finiquito 895.000 euros cantidad que, para la Agencia Tributaria, respondía realmente a salarios. Surgieron entonces discrepancias en la interpretación de los conceptos fiscales entre la Hacienda y el club.

La Agencia Tributaria consideró que la SAD había cometido un presunto delito tributario en la liquidación de su despido. El Zaragoza valoró que el tipo impositivo era el correspondiente a un finiquito mientras que la Hacienda Pública ha mantenido siempre que las cantidades deberían haber correspondido a las rentas del trabajo del futbolista, sujetas a un tramo más gravoso.

La investigación surgió de oficio a raíz de las declaraciones complementarias de Hacienda las que instó la Administración Concursal que supervisó y fiscalizó la gestión del Real Zaragoza durante los once meses que duró el concurso de acreedores de la SAD –del 13 de junio de 2011 al 9 de mayo de 2012–. 

Fue en esta etapa cuando los administradores concursales observaron irregularidades que afectaban a varios futbolistas y a personal técnico que había estado en nómina del club aragonés.

Desde que la sociedad deportiva se acogió al concurso de acreedores la gestión de Agapito Iglesias estuvo permanentemente controlada por los tres administradores concursales que la juez María Carmen Villellas Sancho, titular del Juzgado de lo Mercantil número 2, nombró a tal efecto en aquel momento.

El club aragonés defendía en ese momento que no incurrió en ninguna irregularidad ni fraude fiscal alguno, pues pagó según los tramos impositivos que creían correspondientes a la vinculación laboral de Luccin con el Zaragoza. Pero el caso llegó a los tribunales y ahora está a punto de resolverse, admitiendo los hechos y pagando lo que entonces se debería haber abonado, según el criterio de Hacienda.

Este es el único frente penal que le queda abierto a Agapito Iglesias de su paso por Zaragoza.

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