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La DGA vuelve a denegar el permiso a la nueva perrera, que suma un año de retraso

El Ayuntamiento de Zaragoza asegura que ya ha solventado las últimas irregularidades detectadas.

El nuevo Centro Municipal de Protección Animal se encuentra en La Cartuja.
El nuevo Centro Municipal de Protección Animal se encuentra en La Cartuja.
Guillermo Mestre

El Gobierno de Aragón ha vuelto a denegar el permiso necesario para estrenar el nuevo Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) de Zaragoza. Por tercera ocasión, los técnicos autonómicos han observado deficiencias incompatibles con los requisitos que se exigen para lograr el certificado de núcleo zoológico, un trámite obligatorio para inaugurar la instalación. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza confían en que la situación se resuelva en las próximas semanas, pero la perrera, ubicada en el polígono Empresarium de La Cartuja, acumula ya un año de retraso respecto a las previsiones iniciales.

El anterior equipo de gobierno de ZEC anunció su estreno para el mes de febrero del año pasado, pero el estado precario de las nuevas instalaciones –que carecían de elementos tan básicos como vestuarios, espacio de cuarentena o, incluso, techos en las gateras y cheniles–, ha impedido su apertura desde entonces. El cambio en el Ayuntamiento tampoco ha agilizado el proceso. Aunque Urbanismo ha ido ejecutando las obras necesarias, la última visita de los técnicos de la DGA, hace tres semanas, evidenció filtraciones de agua en las naves.

«Vinieron unos días después de un episodio de fuertes lluvias, fue una especie de prueba de fuego, pero ya está solventado», aseguró el concejal de Protección Animal, Javier Rodrigo. Por ello, ha remitido un informe del área de Arquitectura al Gobierno de Aragón para que vuelva a visitar la nueva perrera y por fin obtener el certificado de núcleo zoológico.

Según el edil de Ciudadanos, las intervenciones básicas que requiere la DGA están concluidas, mientras que otras están «en marcha». Se trata, por ejemplo, de la instalación de taquillas dobles –para evitar el contagio entre la ropa de trabajo y la de calle–, la señalización del centro o el arbolado, para ofrecer lugares de sombra en el recinto.

Traslado gradual

Una vez que el Gobierno autonómico dé su visto bueno, el Consistorio zaragozano iniciará en breve periodo de tiempo el traslado de los animales alojados en la actual perrera de Peñaflor. Estas instalaciones, obsoletas desde hace tiempo por falta de inversión, acogen a un centenar de ejemplares, que serán enviados a La Cartuja de forma gradual.

El proyecto de la nueva perrera de Zaragoza tiene un coste de más de 3 millones de euros, aunque de momento solo se ha ejecutado la primera fase, la básica para abrir con una capacidad de 130 animales, por 850.000 euros. Con las futuras intervenciones podrá llegar a acoger a 400 perros y 100 gatos.

El presupuesto municipal de este año aprobado por PP-Cs con el apoyo de Vox contempla una partida de 200.000 euros para seguir con la segunda fase, así como otra de 65.000 para gastos de equipamiento. Por su parte, la Oficina de Protección Animal cuenta con 535.000 euros.

Restringida la entrada de voluntarios tras varios accidentes

El retraso en el estreno de la nueva perrera de La Cartuja está agudizando el deterioro del actual centro de Peñaflor, donde además, se han producido varios accidentes con animales en los últimos meses según denuncian los trabajadores. Por ello, el servicio de Prevención y Salud del Ayuntamiento emitió un informe el mes pasado para que se impidiera el acceso de personal no acreditado en las instalaciones, en referencia a los voluntarios que habitualmente acuden a prestar ayuda.

El sindicato CC. OO. denunció esta semana que el gobierno PP-Cs ha obviado esa prescripción durante un mes, y que este pasado fin de semana, una voluntaria sufrió una mordedura leve por parte de un cachorro.

El concejal de Protección Animal, Javier Rodrigo, confirmó que ya se ha emitido una instrucción para restringir el acceso de los voluntarios a las instalaciones, aunque dejó la puerta abierta a que los trabajadores que lo deseen puedan solicitar su asistencia en determinados casos. Para CC. OO., sin embargo, esta decisión «deriva la presión a la plantilla, la mayoría interinos».

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