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El Ayuntamiento no recurrirá la sentencia que anula el despido del exgerente de Ecociudad

La Asesoría Jurídica sostiene que impugnar el fallo podría suponer el pago de costas y el aumento de las indemnizaciones.

La juez tomó declaración en julio a seis investigados. El director gerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero acudió el pasado 21 de julio a los juzgados para declarar junto a otras cinco personas en calidad de investigados.
A la izquierda, el director gerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero.
Aránzazu Navarro

El Ayuntamiento de Zaragoza no recurrirá la sentencia judicial que el pasado 13 de enero anuló el despido del exgerente de la sociedad municipal Ecociudad, Miguel Ángel Portero, acordado en 2018 por el anterior gobierno de ZEC. La decisión se adoptará después de un informe de la Asesoría Jurídica, que ha sido respaldado por el actual gerente, y quedará ratificado en el próximo consejo de administración de la entidad.

De este modo, se pondrá fin a un largo conflicto que motivó una de las mayores crisis políticas que ha vivido en los últimos años el Ayuntamiento. Para proceder al despido de Portero, el anterior gobierno se aprovechó de un artículo de la ley de capitalidad después anulado por el Tribunal Constitucional y que le permitió expulsar a la oposición municipal del consejo de administración de Ecociudad. Solo así obtuvo la mayoría de votos para proceder al cese.

El despido fue impugnado por Portero, que el pasado 13 de enero logró una contundente sentencia judicial a su favor. La juez de lo Social que dictó el fallo subrayó que los consejeros de ZEC trataron de ofrecer la imagen de que el exgerente "había incumplido gravemente sus obligaciones, sin que haya quedado acreditado". Recordó "las declaraciones en medios de comunicación y en la web municipal de miembros de ZEC sobre la actuación del actor, atribuyéndole falta de lealtad, falta de diligencia, de honradez (...) sin justificación alguna".

Por todos estos motivos, la sentencia concluyó que se vulneraron los derechos fundamentales de Portero, dado que la actuación del anterior gobierno afectó a la dignidad personal y profesional de Portero. El fallo confirmó una indemnización de 143.679 euros por despido improcedente, 224,09 euros al día desde la fecha de su cese hasta la de jubilación (unos dos meses y medio) y 5.000 euros por daños morales.

"Prácticamente imposible"

Según la Asesoría Jurídica, "es prácticamente imposible desmontar o sustituir (...) el razonamiento judicial". Advierte además de "la corrección" del cálculo de las indemnizaciones y augura "una más que segura desestimación" del recurso, lo que podría suponer costas y la pérdida de los depósitos judiciales. Por otro lado, dice que la compensación por daños morales "es extraordinariamente moderada" a la vista de los hechos probados. Por eso considera que un recurso en segunda instancia podría elevar las indemnizaciones (Portero había reclamado 30.000 euros). Los razonamientos de la Asesoría fueron asumidos por el gerente de Ecociudad, que dará cuenta en el consejo de administración de mañana del desistimiento del recurso.

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