Zaragoza acumula contratos caducados o que expiran en 2020 que suman 170 millones

Las contratas municipales se han convertido en el principal problema heredado por el gobierno PP-Cs de Zaragoza y en el desafío de gestión más relevante al que se enfrenta. Además de resolver el lastre de los contratos caducados que hay en la actualidad, que suman 70 millones de euros, el Ayuntamiento inicia este año con el reto de licitar servicios que expiran en 2020 y que representan un volumen económico de 99 millones de euros. En total, casi 170 millones en contratos que hay que poner al día.

El más importante de todos los que debe licitar el Ayuntamiento de Zaragoza es el de la limpieza y la recogida de basura, que supone un desembolso anual de 70 millones de euros. Tras consumir las prórrogas correspondientes, esta prestación debería tener nueva contratista el 30 de noviembre de 2020. El Ayuntamiento ya adjudicó una asistencia técnica para la elaboración de los pliegos, que podrían estar listos en mayo, para abrir después el periodo de licitación.

Pero no es el único contrato destacado que acaba este ejercicio. En noviembre finaliza el de suministro eléctrico al Ayuntamiento, que no se licitará. El gobierno PP-Cs ha anunciado ya su propósito de buscar una nueva fórmula de abastecimiento a través la producción y consumo de energías renovables con la colaboración de las empresas del sector que están ubicadas en el entorno de la capital. En total, este contrato supone 21,2 millones en la actualidad. Lo mismo ocurre con el gas, cuya vinculación vence en noviembre y que asciende a 1,1 millones de euros al año.

Parques y jardines

En el ranquin figuran un paquete de contratos caducados de gran volumen, como el del mantenimiento de la zona 1 de parques y jardines, que supone en la actualidad unos 14 millones de euros. El Ayuntamiento acaba de licitar una asistencia técnica para redactar los pliegos después de un primer intento que quedó desierto y la previsión es que este servicio todavía tarde un año en estar adjudicado.

Por importancia, el Consistorio tiene que licitar la conservación del alumbrado, caducado desde abril del año pasado, que supone 5,8 millones y que todavía no tiene los pliegos redactados. Además, la DGA debe tramitar la adjudicación del transporte a los barrios rurales, que le supone a las arcas municipales otros 5,4 millones anuales.

El mantenimiento de los contadores de agua tienen el contrato caducado desde agosto de 2016 y ni siquiera tienen pliegos de condiciones aprobados. Suponen 4,2 millones por ejercicio. El contrato del mobiliario urbano lleva vencido desde 2014 y el importe de la adjudicación es de 4 millones de euros. Recientemente quedó desierto un proceso de licitación para este contrato.

El socorrismo de las piscinas de verano, sin contrato desde 2017, sigue sin pliegos y con un coste de 3,3 millones de euros. O el lote de edificios e instalaciones escolares del servicio de mantenimiento de edificios municipales, que supone 3 millones de euros de coste anual y que finalizó en 2018.

La limpieza de las dependencias administrativas municipales (3 millones), la conservación de los parques de la zona 2 (1,9 millones) o el mantenimiento de edificios e instalaciones generales (1,9 millones) son otros servicios que se prestan en precario por no tener el contrato en vigor. Lo mismo ocurre con el mantenimiento del parque del Agua (1,8 millones), la conservación de la señalización vertical y horizontal (1,8 millones) o los servicios postales (1,7 millones). Y así hasta 121 servicios municipales.

El problema de mantener un servicio sin contrato, además de forzar a la administración a pagar por el controvertido sistema del reconocimiento de obligación, es que impide a la administración contar con las mejoras que ofrecen las empresas en un proceso de licitación. En definitiva, supone un peor servicio a un mayor precio, dado que las contratistas cobran el coste real, además de afectar a la concurrencia.

«Hemos puesto en marcha un plan de choque integral, en el que queremos implicar a todos los servicios y a los grupos políticos», explicó la concejal de Hacienda, María Navarro, que anunció la creación de una mesa de trabajo para mejorar la gestión en este materia. Explicó que se han incorporado al área de contratación seis nuevos funcionarios, se han puesto en marcha las dos primeras licitaciones electrónicas y se han dictado nuevas instrucciones para agilizar los trámites.

La Cátedra de Contratación se firmará el día 31 de enero

Una de las medidas que ha querido poner en marcha el gobierno PP-Cs para atender el colapso que sufre desde hace años el servicio de contratación es la firma de un acuerdo con la Universidad de Zaragoza para crear una cátedra. Está previsto que el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y el rector, José Antonio Mayoral, firmen el convenio de colaboración el próximo 31 de enero.

La Cátedra de la Contratación Pública Local fomentará la participación del personal municipal en actividades de la Universidad, asesorará sobre los procesos de contratación y permitirá el desarrollo de prácticas de estudiantes en el Ayuntamiento. El acuerdo, además de promover la formación continua para los empleados públicos, está pensada para redactar informes sobre licitaciones estratégicas. El objetivo es dar mayor seguridad jurídica a los procesos de contratación después de los problemas que se han producido en diversas licitaciones, como parques y jardines o la ayuda a domicilio.

PP-Cs estudia crear un Tribunal de Contratos municipal

El gobierno PP-Cs está estudiando la posibilidad de poner en marcha un Tribunal administrativo de Contratos Públicos municipal, que sustituiría al que ya existe a nivel autonómico.

Según fuentes municipales, con un tribunal propio para resolver las reclamaciones en materia de contratación se agilizarían notablemente los plazos.

Esta cuestión ya se comentó en la última comisión de vigilancia de la contratación y generó cierto consenso entre los partidos políticos. El tribunal contaría con juristas independientes especializados en contratación local. Al tener que abordar solo las licitaciones municipales, podrían actuar con más rapidez que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa), dependiente de la DGA.

Este organismo autonómico ha sido protagonista de muchas de las polémicas que han afectado a la contratación municipal en los últimos años, dado que ha anulado diversos pliegos de condiciones impulsados por el Ayuntamiento.