tribunales en zaragoza
Piden 4 años de cárcel para un informático del Servet por filtrar un examen a su mujer
La esposa acertó 108 de las 110 preguntas de la prueba escrita de una oposición del Salud, pero el tribunal calificó de «estadísticamente imposible» el resultado e impulsó la investigación que destapó el presunto fraude.
La Audiencia Provincial sentará el próximo 20 de enero en el banquillo de los acusados a Antonio L. M., un informático del Hospital Miguel Servet de Zaragoza para el que el Servicio Aragonés de la Salud (Salud) pide cuatro años y un día de cárcel y 18.000 euros de multa por la presunta filtración del examen de una oposición a su esposa. A la hora de corregir la prueba, con la que se pretendía contratar a siete nuevos facultativos para el área de Nefrología, el tribunal comprobó que una de las aspirantes había acertado 108 de las 110 preguntas. El resultado, absolutamente inusual, resultaba tan sospechoso que obligó al Salud a abrir una investigación interna. Gracias a ella, se identificó al técnico de gestión de sistemas como el presunto autor de la filtración y se logró destapar el vínculo entre este y la opositora que había obtenido la mejor calificación: 97,33 sobre 100.
Tanto para la Abogacía de la Comunidad Autónoma, que representa al Salud, como para la Fiscalía, Antonio L. M. debería ser condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Sin embargo, la pena que propone el ministerio público varía ligeramente, ya que solicita seis meses menos de prisión y no exige el abono de ninguna multa. Eso sí, pide la inhabilitación absoluta del encausado por un periodo de once años.
Los hechos que dieron a la apertura de esta causa penal se remontan al 10 de mayo de 2018, cuando se publicó la relación de opositores que habían superado la fase de oposición para las plazas de especialista en Nefrología. El hecho de que una de las aspirantes hubiera obtenido un resultado tan extraordinario dejó perplejo al tribunal calificador, que entendía lo sucedido como «estadísticamente imposible». Así, ante la sospecha de que se hubiera producido algún tipo de filtración o anomalía decidió dar cuenta a la Dirección de Recursos Humanos del Salud.
Expediente disciplinario
Solo unos días después y a la vista de la información recibida, el director gerente del Salud ordenó esclarecer los hechos y depurar posibles responsabilidades. Las pesquisas internas concluyeron que, el ahora acusado se valió de sus claves personales para localizar el archivo del examen, abrirlo e informar del contenido a su esposa, que tan solo falló dos preguntas. Y, casualmente, una de estas había sido cambiada en el último instante por el tribunal.
La instructora del expediente disciplinario consideró probadas las sospechas, calificó la conducta del informático de «muy grave» y propuso que se le sancionara con la pérdida de su condición de funcionario. Pero, no conforme con ello, el Salud informó de lo sucedido a la Fiscalía Provincial de Zaragoza, que abrió diligencias informativas y terminó presentando una denuncia ante el Juzgado Decano por un posible delito de revelación de secretos.
La investigación de la presunta filtración recayó en el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, que tras pedir toda la documentación relativa a la oposición al Salud decidió llamar a declarar al funcionario en calidad de investigado, al que asiste el letrado Javier Osés. Sin embargo, este se negó a responder a cualquier pregunta y se limitó a decir que ni accedió a ningún examen ni se lo facilitó después a nadie.
El funcionario lo niega todo
Desde el primer momento, Antonio L. M. lo ha negado absolutamente todo y asegura que se le acusa únicamente en base a «suposiciones». Según este, no se respetó la cadena de custodia de las pruebas y se vulneró «de forma deliberada» la legislación. «Alguna de las supuestas pruebas que presentan se pueden fabricar en menos de un minuto. Por ejemplo, cambiando la fecha del PC y creando un fichero con el nombre de ‘Examen’ y abriéndolo», decía el ahora investigado al formular sus alegaciones cuando se tramitó el expediente disciplinario.
Sin embargo, el abogado de la Comunidad Autónoma tratará de hacer ver al tribunal en el juicio que el Salud actuó siempre con la máxima diligencia.Como primera medida, recuerda en su escrito de acusación, se requirió al Servicio de Informática para que se procediera a custodiar toda la información contenida en los ordenadores que fueron manipulados para copiar el archivo que contenía el examen filtrado.
De momento y dada la gravedad de los hechos, la DGA mantiene apartado provisionalmente de su puesto al funcionario a la espera de la Audiencia de Zaragoza dicte sentencia. En caso de absolución, se elevaría a firme la propuesta de sanción administrativa: pérdida de la condición de empleado público.
