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Los negocios de un empresario fallecido llevan al banquillo a su hijo y 2 expolicías

Una empresa a la que el finado debía 50.000 euros acusa a los tres hombres de estafa, ya que parte de ese dinero se ingresó en cuentas bancarias de las que ellos eran titulares. Ellos alegan ser también víctimas de un engaño.

La Audiencia Provincial ha absuelto a la farmacéutica acusada.
Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Raquel Labodía

El ambicioso proyecto de un empresario madrileño que estaba decidido a impulsar una inversión millonaria en Camerún construyendo puertos secos ha terminado salpicando a su propio hijo, a su socio y a dos policías nacionales jubilados, a los que ahora se reclaman los 50.000 euros que el primero dejó a deber a su muerte, en febrero de 2017.De hecho, la Audiencia Provincial de Zaragoza sentó este martes en el banquillo a los cuatro como presuntos colaboradores necesarios de un delito de estafa, o alternativamente de apropiación indebida, por el que tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan sendas penas de un año de prisión.

La querella criminal que dio lugar a esta causa fue presentada por Juspar S. L., sociedad de inversión a la que el empresario fallecido –José Luis C. M.– había conseguido convencer de las virtudes y alta rentabilidad de su negocio en el país africano. Como explicaron en el juicio dos de sus representantes, la propuesta les pareció interesante y decidieron empezar a aportar capital. Sin embargo, a la muerte del promotor del proyecto se enteraron de que este llevaba un tiempo paralizado, se sintieron engañados y acordaron emprender acciones legales contra los supuestos socios y colaboradores de José Luis C. M.

El juez instructor investigó a más personas, pero al final solo abrió juicio oral contra los cuatro encausados: José Luis C. D. T., hijo del finado; Ángel G. R., su socio; y los policías nacionales ya jubilados Segundo G. C. y Manuel G.V. Durante su declaración ante el tribunal, todos ellos negaron ayer haber estafado a los querellantes. Es más, los cuatro se consideraron también «víctimas» de los engaños del empresario fallecido.

«Yo ignoraba que mi padre tenía negocios en Sudamérica o África. Lo que sabía es que tenía varios embargos y eso le impedía tener cuentas bancarias a su nombre, por lo que le permitía hacer alguna operación a través de la mía.Era mi padre», explicó el hijo del promotor del proyecto en Camerún. «Yo trabajo en un supermercado y cobro unos 1.400 euros mensuales.A mi madre y a mí los negocios de mi padre nos dejaron en la calle varias veces», confesó». El inculpado ha devuelto 25.000 euros a la sociedad Juspar, por lo que esta ha retirado la acusación contra él. No así la Fiscalía, que mantiene los cargos.

El socio del fallecido, Ángel G.R., asegura que a él este fallido negocio le ha costado 126.000 euros y una acusación por estafa. «No he recuperado lo que invertí.Y aún habiendo quedado probado que este señor falsificó mi firma en varios contratos, me siguen acusando», dijo. Los dos expolicías explicaron que lo «único» que hicieron fue permitir al fallecido que usara sus cuentas para recibir varios ingresos. Las cuatro defensas piden la absolución.

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