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Una lotera de Zaragoza se enfrenta a 5 años de cárcel por quedarse con 80.000 €
La mujer reconoce en el juicio por malversación que se apropió del dinero, pero lo justifica diciendo que se cargó de deudas que no pudo pagar.
Una vecina de Zaragoza que regentaba una administración de loterías admitió este miércoles que se apropió de 80.000 euros procedentes de ventas de décimos que deberían haber ido a parar a las arcas del Estado. La acusación que pesa sobre ella es grave, pues se trata de una malversación de caudales públicos agravada por el hecho de que la cuantía defraudada excede de 50.000 euros y porque la condición de administrador de lotería se asimila a la de un funcionario.
Por esa razón, la Fiscalía solicita para A. M. V. cinco años de prisión, que la Abogacía del Estado rebaja a cuatro. Por su parte, la abogada defensora, Idoya Echauri, pide un año y medio de cárcel y dos y medio de inhabilitación argumentando que su cliente, a la que representa por el Turno de Oficio, colaboró con la inspección de Loterías desde el primer momento y reconoció el delito.
Los hechos fueron descubiertos en marzo de 2018. La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) detectó un cierre por descubierto y, al inspeccionar las cuentas, confirmó el impago de varias semanas. «Cuando llegamos ya sabíamos que no había pagado. Nuestra labor fue hacer un arqueo, retirar la lotería, cancelar la cuenta ‘on line’ y suspender el contrato», explicó una de las inspectoras.
Añadió que es «habitual» detectar descubiertos tras el sorteo de Navidad, pues la Selae consigna los décimos en junio y las administraciones no hacen la liquidación hasta enero o febrero. En el caso de A. M. V., ya había tenido impagos anteriormente pero los había ido abonando.
La acusada explicó al tribunal que llegó a esa situación abocada por deudas que arrastraba desde 2011 y, tras varios años trampeándolas, en 2018 la «rueda» se «rompió». «Tuve varios embargos y de mi comisión de la venta de lotería me quitaban el 70%. Hablé varias veces con los servicios jurídicos de la Selae para que rebajaran ese porcentaje porque si no, no podía pagar ni el alquiler. Les dije que me estaban apretando mucho y les pedí que aflojaran un poco, que lo dejaran en el 30%, pero no quisieron. Y en 2018 ya no pude más», relató.
A. M. V. declaró que antes de llegar a esa situación de quiebra trató de traspasar la administración de Lotería –la cual la llegaron a tasar en 400.000 euros–, para hacerse con un dinero y solucionar el problema. «Llegué a tener un interesado con un contrato firmado, pero Hacienda no me permitió traspasarla porque debía abonar previamente la deuda y tenía el embargo», manifestó.
Tras escuchar su declaración, las acusaciones, entre las que también se encuentra AXA como actor civil puesto que fue la compañía de seguros la que ha cubierto la deuda, reiteraron su petición de prisión para la acusada. Indicaron al tribunal que, para rebajar la pena en uno o dos grados como solicita la defensa, A. M. V. debería haber reparado el perjuicio causado al erario y, en su caso, no ha satisfecho ninguna cantidad.
La abogada defensora mantuvo que si no lo ha hecho es porque no tiene nada, aunque ahora ha empezado a trabajar y podría ir pagando poco a poco lo defraudado. Alternativamente, solicitó que se aplique la atenuante muy cualificada de confesión.
