tribunales
Un empleado acusa a su jefa de quedarse los 275.000 € que le prestó
La acusada, para la que se piden de 2 a 8 años de cárcel, tenía una empresa de frutas en La Almunia que está en concurso.
¿Una estafa o un préstamo impagado? La diferencia estriba en una pena de cárcel o un procedimiento mercantil. La empresaria Ana L. L. fue juzgada este lunes por los magistrados de la Audiencia Provincial de Zaragoza, quienes deberán decidir si su empresa (en este caso, su padre) pidió 275.000 euros a uno de sus trabajadores sabiendo de antemano que no se los iba a devolver y ocultándole la mala marcha de la mercantil, o fue simplemente un préstamo entre particulares que, por avatares del mercado, no pudieron pagar.
Los hechos en litigio se iniciaron en 2013. En esa fecha, el denunciante, V. L. C., llevaba 17 años trabajando en el almacén de la empresa de La Almunia, dedicada a labores hortofrutícolas. Contó que tenía "buena relación" con su jefe y, debido a esa "confianza", se enteró de que tenía dinero ahorrado y como le hacía falta "liquidez", se lo pidió prestado.
"En ese momento tenía 200.000 euros en el banco y me rentaban un 4%. Él me ofreció un 5% y me pareció bien. Me dijo que no había ningún problema para recuperarlo cuando quisiera y me fié", declaró. Ambas partes firmaron un contrato por el que al año, salvo que decidieran prorrogarlo, le reintegraba la cantidad.
Durante el primer año recibió puntualmente el pago de intereses (3.000 al trimestre) y al llegar 2014 no solo prorrogaron el contrato sino que le dejó 75.000 euros más en las mismas condiciones.
La acusada, que se enfrenta a penas de entre 2 años de cárcel que pide la Fiscalía y 8 que solicita la abogada de acusación particular, Pilar de Bonrostro, explicó que le pagaron intereses hasta 2016, año en que hicieron un contrato de reunificación de préstamos y luego un plan de amortización.
Este último incluía el abono de 50.000 euros del capital en diciembre de 2016, cantidad que no le fue reintegrada, lo que llevó a V. L. C. a reclamar judicialmente el préstamo. Desde el momento en que los llevó al juzgado, dejaron de pagarle intereses.
Explicó que entonces se enteró de que la empresa no estaba bien financieramente y que se había metido en grandes gastos (nuevas naves y máquinas) en 2013 y 2014 con la intención de ampliar mercado pero, por un lado, el veto ruso a los productos agroalimentarios europeos y, por otro, la pérdida del servicio que prestaban a una gran superficie le hicieron entrar en números rojos y en 2018 tenía un pasivo de 4.278.460 euros.
La acusación particular mantiene que engañaron a su cliente y que si la empresa hubiese querido, le habría devuelto el dinero. "La intención de pagar se demuestra pagando", manifestó la letrada durante su informe. Añadió que, en su opinión, es una estafa "de libro" y que la acusada se aprovechó de las buenas intenciones de su cliente,
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