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El gobierno PP-Cs quiere vender suelo por 20 millones de euros para cuadrar el presupuesto

Las cuentas de 2020 inician su tramitación con un volumen de gasto de 801 millones, un 6,4% más.

María Navarro, Jorge Azcón y Sara Fernández, momentos antes de presentar el presupuesto de 2020.
María Navarro, Jorge Azcón y Sara Fernández, momentos antes de presentar el presupuesto de 2020.
Guillermo Mestre

El gobierno PP-Cs recurrirá a la venta de suelo para cuadrar el presupuesto de 2020. En total, ha previsto 20 millones de euros de la enajenación de patrimonio, después de años en los que este tipo de ingresos apenas tenían repercusión en las cuentas municipales. Esta inyección económica va a permitir, en el caso de ejecutarse, junto a la captación de créditos por valor de 32 millones de euros para pagar sentencias judiciales, que el presupuesto municipal crezca unos 50 millones de euros, hasta los 801,2, un 6,4% más que el último presupuesto aprobado, el de 2018.

Estas son algunas novedades de las primeras cuentas de la actual corporación, que aprobó este viernes el gobierno PP-Cs en una reunión extraordinaria. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que presentó el proyecto junto a la vicealcaldesa, Sara Fernández, y a la concejal de Hacienda, María Navarro, explicó que este presupuesto "empieza a dar solución a la penosa situación económica del Ayuntamiento", después del "agujero" de 100 millones detectado por la Intervención el pasado mes de septiembre en infradotaciones presupuestarias (30 millones), revisiones de precios de las contratas (26 millones) y sentencias judiciales (32).

Por eso Azcón, que hizo un llamamiento al resto de los grupos para aprobar las cuentas dado que PP-Cs no tiene mayoría, insistió en que se trata de un presupuesto "de limpieza" de la "penosa situación económica". "Es un proyecto serio, riguroso y que empieza a solventar el agujero económico. Este es un presupuesto que dice la verdad", declaró Azcón. Entre los elementos que destacó figuran la bajada de los impuestos directos, como el IBI, la mayor dotación de los servicios públicos y las partidas sociales, que suben el 8%, vinculadas sobre todo al servicio de ayuda a domicilio y a las teleasistencia.

La venta de suelo supone un giro respecto a la política de los últimos años, en los que apenas se han incluido partidas de suelo, por los problemas que arrastraba el mercado inmobiliario desde el pinchazo de la burbuja. Además, hubo varios presupuestos en los que las previsiones de venta de suelo no se cumplieron, lo que generó importantes problemas de gestión de los ingresos.

El gobierno ha previsto un paquete de posibles ventas que podrían variar en función de la marcha del ejercicio. También se incluye la enajenación del aparcamiento del parque Bruil (894.332 euros), después de varios intentos fallidos. Una parcela en la calle de la Luz, junto al Huerva (6,3 millones), el ingreso procedente por la permuta de la Harinera de Casetas (116.324 euros), un ingreso por 24 pisos libres en la calle de Biel (1,6 millones) y uno más en la calle de Cosuenda (610.687).

Entre los elegidos está Arcosur, de donde saldrían 5,5 millones de euros por una parcela de 167 VPA. Por otro lado, se señalan entre otras opciones la venta de suelo para 276 VPA del plan de expansión de San Gregorio para obtener otros 8 millones o 380.709 euros de la permuta de para la rehabilitación de la Imprenta Blasco.

Deuda para sentencias

La deuda que se capta, 32 millones, no servirá para financiar inversión, sino que se dedicará exclusivamente al pago de sentencias. Estos fondos se obtienen a través de una línea de crédito estatal para abonar condenas judiciales y sus intereses de demora. Esto provoca además un aumento de la partida reservada para costes financieros (pasa de 13 a 17,9 millones, un 36% más).

Esta es una de las causas de las limitaciones inversoras que tiene el presupuesto. De hecho, la concejal de Hacienda, María Navarro, afirmó que sin esa limitación el presupuesto hubiera tenido una inversión de "80 millones", dado que esos 32 de deuda se podrían haber destinado a obras.

En el capítulo de ingresos, destacó el incremento de las transferencias de otras administraciones, entre ellas la actualización del fondo de capitalidad y de los convenios sociales, que supondrán 25,4 millones entre los dos (8,9 del fondo de capitalidad, aunque la DGA solo ha previsto 8, y 16,5 de convenios). También mencionó el aumento de los pagos a cuenta por parte del Estado.

Partidas de servicios públicos

El incremento de 46 millones de la dotación para servicios públicos repercute en todas las grandes contratas: zonas verdes (de 14,3 a 19,6 millones), recogida de basuras (de 17 a 20,9), limpieza (de 37,7 a 41,5), servicio de transportes (de 55,9 a 56,1), ayuda a domicilio (de 17,9 a 22,1) o la limpieza de colegios (de 8,1 millones a 9).

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