El Tribunal de Contratos deja a la empresa peor valorada como única candidata al servicio de Parques de Zaragoza

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) desestimó este jueves los últimos recursos a la adjudicación del mantenimiento de los parques y zonas verdes de Zaragoza que quedaban pendientes de resolver. De esta manera, ocho de las nueve empresas que concurrieron a la licitación han quedado excluidas, y solo una –Perica Obras y Servicios, precisamente la que obtuvo pero valoración– se mantiene ‘viva’ al haber cumplido con los requisitos exigidos. El gobierno PP-Cs, partidario de anular el proceso y lanzar uno nuevo, estudia sus opciones legales y, mientras tanto, ha pedido un informe para saber si la única candidata está capacitada para prestar el servicio.

La licitación del nuevo contrato de Parques y Jardines ha estado plagado de obstáculos que han demorado su adjudicación. El Tacpa llegó a anular los pliegos que elaboró ZEC en dos ocasiones ante recursos de empresas implicadas, pero finalmente el Ayuntamiento, ya con el nuevo gobierno, resolvió el concurso en favor de Acciona por un precio de 49,1 millones de euros para los próximos cuatro años.

Dicho acuerdo fue recurrido por Perica, FCC y Valoriza ante el Tacpa, que la semana pasada estimó el de la primera de ellas. En su reclamación, la empresa advertía de que la ponderación de las ofertas clasificadas entre el primer y octavo lugar no se ajustaba a lo establecido en los pliegos de condiciones. Exigió la anulación de la adjudicación a Acciona además de la nulidad de todo el proceso. Subsidiariamente, reclamó la exclusión de las otras ocho licitadoras para lograr la adjudicación a su favor. En caso de no atenderse su petición, pidió que el proceso quedara desierto.

El Tacpa confirmó que habían quedado «constatados los incumplimientos denunciados» por Perica, por lo que ordenó retrotraer todas las actuaciones para que la mesa de contratación excluya a las ocho empresas que estaban por delante de Perica (Acciona, Valoriza, FCC, Urbaser, OHL, Agrícola y Forestal del Nerpio, Gestión Ambiental Urbana y, por último, la propuesta de Vías y Construcciones, Agua y Jardín y Plantae Aragón). Después de la exclusión, el Tacpa propuso que se retomara el procedimiento de contratación.

Pero todavía quedaban por dilucidar los recursos de FCC y Valoriza, y este jueves el Tribunal de Contratos los desestimó sin entrar al fondo de sus reclamaciones porque, según su argumentación, la resolución anterior había finiquitado el procedimiento. "La consecuente anulación conlleva que los presentes recursos hayan quedado sin objeto", señala el acuerdo del Tacpa.

Análisis jurídico

De esta forma, Perica queda como única candidata para lograr el polémico contrato. Sin embargo, el gobierno todavía no va a tomar una decisión. «Se están estudiando jurídicamente todas las opciones», señalaron tras conocer el acuerdo del Tacpa. Además, en la mesa de contratación del Ayuntamiento celebrada ayer, los técnicos municipales solicitaron un informe al servicio de Parques y Jardines para que verifique que Perica cumple con las condiciones que ha establecido el propio Tacpa al excluir al resto de candidatos para prestar el servicio.

Una vez que se conozca el contenido de dicho informe, el gobierno PP-Cs resolverá en uno u otro sentido. Desde ZEC, responsable de los pliegos, el concejal Alberto Cubero reclamó tras conocer la resolución del Tacpa que se adjudique el servicio. «El Tacpa ha sido claro, Perica es la adjudicataria y el gobierno debe formalizar el contrato y poner a funcionar cuanto antes un pliego con cláusulas sociales y mejoras sustanciales», pidió. Además, el edil propuso crear un Tribunal de Contratos Municipal que agilice los recursos que presentan las empresas.

Sin embargo, la concejal de Servicios Públicos, Natalia Chueca, expresó hace unos días su deseo de finiquitar el proceso iniciado por ZEC para empezar de cero uno nuevo. Mientras, se ha puesto en contacto con FCC, que sigue prestando el servicio tras caducar el contrato en enero de 2018, para reducir el sobrecoste que esta situación genera para las arcas municipales. Según el gobierno, en dos años se han pagado 8 millones de más.