Las nuevas concesiones de autobús se retrasan un mínimo de 2 años y requerirán 185 millones
La reordenación, que está pendiente de negociar con el sector, garantizará cubrir todos los núcleos de más de diez habitantes
El nuevo mapa concesional que garantizará que todos los núcleos aragoneses de más de diez habitantes cuenten con transporte público se demorará un mínimo de dos años, hasta 2021, y en el peor de los casos habrá que esperar un año adicional. Así lo reconoció ayer el nuevo director general de Transportes, Gregorio Briz, quien admitió que todavía se debe negociar con las empresas del sector, sin ocultar que si no hay acuerdo seguirán adelante y las diferencias se solucionarán «donde se tengan que solucionar», en alusión a los tribunales.
Briz compareció ayer en la comisión de Vertebración del Territorio para exponer, a petición propia y del PP, sus líneas maestras para la legislatura. El principal reto es la revolución pendiente en el transporte público por carretera, que se reordenará por ejes para pasar de 135 a 19 contratos tras haber expirado las vigentes concesiones a finales de 2017. La pretensión es que su duración se alargue diez años, con un coste de 185 millones de euros.
El político de CHA solicitó el respaldo de todos los partidos y aparcar «especulaciones y réditos» en una cuestión clave para la movilidad en el territorio. En este sentido, apuntó que el consenso con el resto de administraciones y los propios operadores es necesario para evitar que una posible judicialización eternice la renovación del servicio de autobús interurbano.
Esto no le evitó las críticas por el retraso acumulado, especialmente del diputado del PP Joaquín Juste, quien le reprochó que los municipios no pueden seguir esperando dos años más.
Vertebrar Aragón por ferrocarril de norte a sur
El director general de Transportes también destacó la prioridad a la futura ley de movilidad sostenible, sin olvidar la «carrera de fondo» en la que están involucrados para vertebrar Aragón por ferrocarril de norte a sur. Y esto pasa por lograr finalmente la reapertura de la línea internacional del Canfranc y mejorar el corredor Cantábrico-Mediterráneo, sin renunciar a su duplicación con el respaldo de los fondos europeos.
Igualmente mostró su compromiso para mejorar los servicios ferroviarios regionales, consciente de las limitaciones presupuestarias y de la losa de la crítica a la política de «pagafantas» a la DGA.
Tampoco eludió el debate sobre la Travesía Central, cuyo respaldo exigió la oposición. Briz dejó claro que no renuncian a esta infraestructura, pero resaltó que no van a encargar más estudios cuando la agrupación europea de interés económico que forman Francia y España ya están trabajando en ello y cualquier decisión depende de los respectivos gobiernos centrales. No obstante, dudó del compromiso galo por mallar su red ferroviaria.
