Tribunales
Una conductora de la línea 35 se enfrenta a 4 años de prisión por un atropello mortal
La chófer de Avanza insistió ayer en el juicio en que cruzó el semáforo en verde, pero las cámaras de vigilancia de la comisaría de Delicias probaron que no fue así.
El Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza sentó este martes en el banquillo de los acusados a la conductora de Avanza Diana M. G., quien se enfrenta a una pena de hasta cuatro años de prisión por un atropello registrado el 11 de marzo de 2016 en el cruce de la avenida de Valencia con la calle de Tomás Bretón y que costó la vida a un vecino de Las Delicias. El peatón, José Antonio P. T., de 61 años, no falleció en el acto, pero sufrió lesiones gravísimas. Hasta el punto de que tuvo que someterse a cinco intervenciones quirúrgicas y pasar casi dos años postrado en la cama de un hospital en estado vegetativo. El hombre nunca llegó a recibir el alta médica, ya que falleció el 27 de noviembre de 2017 debido a las importantes secuelas del accidente.
Si no hubiera sido por la familia de la víctima, que se personó en la causa judicial como perjudicada, el siniestro nunca habría acabado en juicio, ya que solo 12 días después del atropello el juez instructor entendió que solo cabía hablar de un delito leve de lesiones por imprudencia –despenalizado– y archivó el caso. Sin embargo, los letrados Mariano Montesinos y Cristian Anghel Mateescu recurrieron el sobreseimiento ante la Audiencia de Zaragoza, que desdijo al juez y le ordenó que siguiera investigando para aclarar lo sucedido.
Como hiciera tras el atropello, al ser interrogada por los agentes de la Policía Local, la conductora declaró en el juicio que cruzó el semáforo que precede al paso de cebra donde atropelló al peatón cuando estaba en fase verde. Sin embargo, la acusación particular pidió que se le pusiera la grabación que hicieron las cámaras de seguridad instaladas en la fachada de la comisaría de Delicias. Y en ellas se pudo ver claramente que el autocar de la línea 35 que conducía se saltó el semáforo en ámbar fijo, fase que obliga a cualquier vehículo a detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de una luz roja.
Tuvo 19,5 metros para frenar
Durante la vista celebrada este martes en la Ciudad de la Justicia compareció el técnico de Gabinete Pericial Investiga al que la familia del fallecido encargó que analizara la grabación de las cámaras de la Policía Nacional. El perito, Alejandro Latorre, explicó a la juez que estuvieron más de 40 horas visionando las imágenes, ya que lo hicieron fotograma por fotograma. "Y hay 25 fotogramas por segundo", precisó.
Según el técnico, la grabación y las mediciones posteriores les permitieron concluir que la conductora "se saltó el semáforo cuando estaba en ámbar fijo y circulaba a una velocidad inadecuada". De acuerdo con el atestado de la Policía Local, el autobús que conducía la encausada se encontraba a 19,5 metros del semáforo cuando pasó de ámbar intermitente a fijo, por lo que esta tenía tiempo suficiente para reaccionar y frenar a tiempo. Sin embargo, el perito de la acusación particular cree la distancia era incluso mayor. "Por nuestros cálculos, el cambio a ámbar fijo se produjo cuando el autobús estaba a 29,5 metros de distancia, por lo que deducimos que la intención de la conductora solo podía ser saltárselo", indicó Latorre.
El informe de la Policía Local dice que cuando el autocar arrolló al viandante, este había empezado ya a cruzar la avenida de Valencia. Y según aseguró algún testigo, lo hizo instantes antes de que el semáforo para peatones se pusiera en verde. De hecho, este es uno de los hechos en los que se apoya la defensa, a cargo de Antonio Morán, para descargar de responsabilidad a la acusada. En cualquier caso, el técnico de Gabinete Pericial Investiga quiso aclarar ayer que, "dada la velocidad a la que circulaba el autobús, aunque el hombre hubiera empezado a cruzar con el semáforo en verde hubiera sido igualmente atropellado".
La Fiscalía, que mantiene que la encausada atravesó el cruce "despreciando las más elementales normas de conducta", propone una pena de año y medio de prisión y 472.673 euros de indemnización, declarando responsable directos a la encausada y a la compañía Allianz Seguros, y como responsable subsidiario a Avanza. La acusación particular eleva la pena a cuatro años de prisión y pide, además, que la conductora sea inhabilitada para conducir durante otros cuatro años.
El abogado Antonio Morán, que defiende los intereses de la encausada y la empresa Avanza, se basa en un informe pericial que aportó a la causa para afirmar que la conductora no circulaba de forma imprudente.
