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Zaragoza

conferencia en Zaragoza

"El aparato propagandístico de los independentistas funcionó y necesitamos contrarrestarlo"

El fiscal de sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza afirma que antes y durante el juicio del ‘procés’ los acusados han mantenido un relato sesgado y distorsionado de la realidad.

El fiscal Javier Zaragoza se pronuncia sobre la sentencia del 'procés'
El fiscal Javier Zaragoza, durante la entrevista con el director de HERALDO, Mikel Iturbe, y el periodista Ramón J. Camopo en Ibercaja
Oliver Duch

El fiscal de sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, uno de los cuatro representantes del Ministerio Público en el juicio del ‘procés’, cree que uno de los mimbres que mejor han utilizado los independentistas para tejer y extender «su realidad» ha sido el «aparato propagandístico». «Da la impresión de que su relato funcionó y nuestra respuesta no fue suficiente ni supimos contrarrestarlo», aseguró.

El jurista turolense se pronunció sobre esta y otras cuestiones relativas al problema independentista de Cataluña y el juicio del ‘procés’ durante una conferencia en la que analizó la sentencia del 'procés' seguida de una entrevista que le hicieron el director de HERALDO DE ARAGÓN, Mikel Iturbe, y el periodista Ramón J. Campo este jueves. 

«Si lo que se conoce fuera de España es solo su relato, cuestionando nuestra democracia y calificándola de franquista, hay que contrarrestarlo. Hay que hacer un cotrarrelato que tenga más peso que el de ellos», manifestó.

En este sentido, subrayó que los «mantras» de los independentistas han corrido como la pólvora con su aparato mediático. La legitimidad del derecho a decidir ha sido la punta de lanza del ataque a nuestra democracia. Con ella se ha tratado de vender una imagen a Europa de una España represora o franquista que no respeta los derechos. Y en este tema, «lecciones las justas».

En este sentido, argumentó que en el último estudio del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, España queda por encima de democracias tan consolidadas como Francia, Reino Unido, Portugal, Irlanda o Austria.

Para el fiscal, antes y durante el juicio del ‘procés’, han mantenido un relato «sesgado, parcial y distorsionado de la realidad». «Aluden todo el tiempo a una supuesta vulneración de derechos, buscando convertir en víctimas a quienes habían quebrantado la ley y en represores a quienes defendían esa legalidad», expuso.

Javier Zaragoza destacó que el peligro de uno de los momentos del ‘procés’ –el 10 de octubre, día en que el Parlament aprobó la Declaración Unilateral de Independencia– era que algún Estado hubiera reconocido esa declaración. «Entonces la pelota hubiera estado en otro lado. Si fuera hay un reconocimiento, el tema es más difícil de manejar», señaló. Citó el ejemplo de la república balcánica de Kósovo: «Allí fue similar y la situación fue imparable».

La «idea-mantra» de que los condenados son «presos políticos»– fue rechazada por completo por Zaragoza. «Cualquier ciudadano ve que no están en la cárcel por sus ideas sino por sus acciones», dijo. Y añadió: «Es una falsedad decir que el Estado ha criminalizado la disidencia política».

El fiscal de la sala del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, ha sido el protagonista de un acto organizado por HERALDO y la Fundación Ibercaja, que se ha celebrado este miércoles en el Patio de la Infanta de Zaragoza y en el que el fiscal ha analizado la sentencia del procés.

Ante la posibilidad de que una vez la condena sea firme –si así lo confirman las instancias europeas– , se plantee un indulto, el fiscal dijo que no es el momento de pronunciarse. «Legalmente es posible, pero no así la amnistía, que es una herramienta que sirve para perdonar a presos políticos de un régimen sin libertades en un cambio a un sistema democratizo», ilustró.

Igualmente, en el caso de que la Generalitat, competente en instituciones penitenciarias, decidiera otorgar beneficios prematuros a los presos condenados y ponerlos en libertad condicional, señaló: «No puedo opinar sobre lo que no ha sucedido. Si sucede, habrá que adaptar medidas y entonces la Fiscalía de Barcelona, no la del Supremo, valorará si se ajusta a la legalidad».

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