Las calles de Épila están cerca de ser más seguras. El Boletín Oficial de Aragón recogía este miércoles la memoria justificativa para crear el cuerpo de Policía Local, una demanda vecinal en la que trabajaba el Ayuntamiento desde que hace un año se registró una oleada de robos y episodios violentos en la localidad. 

El documento, que fue aprobado en el pleno del pasado octubre y tiene el respaldo de la Delegación de Gobierno, establece que supondrá un coste anual de 279.320 euros y contará con una plantilla de un oficial y cinco agentes. Su sede estará en un local de la casa consistorial de la plaza España con salida también a calle Tripería. Para su puesta en marcha se comprará un vehículo, equipos informáticos y de telefonía y uniformes.

El Ayuntamiento estima acreditada su "conveniencia y oportunidad", además de que, según recoge el texto, la actividad es "posible jurídicamente y viable desde el punto de vista económico". Entre las justificaciones municipales se destaca la amplia superficie del término (unos 19.000 kilómetros cuadrados) y la vasta longitud de su casco urbano, con 4.400 habitantes. A esto se suma que la implantación de Bon Àrea contribuirá a que "el desarrollo urbanístico que se va a experimentar aumente considerablemente el número de vecinos y las infraestructuras".

Consideran que este incremento poblacional viene a justificar la existencia de Policía Local con la finalidad de "garantizar una intervención más eficaz en materia de tráfico, vigilancia y seguridad, además de hacer respetar y velar por el cumplimiento de las ordenanzas". En la misma memoria se hace constar que la localidad dispone de puesto de la Guardia Civil, pero que su número de efectivos "resulta insuficiente para la realización de sus funciones, aun siendo este reforzado desde otros puestos".

Esta ha sido una de las demandas que se hicieron oír hace un año en una manifestación que reunió en las calles de la localidad a 500 epilenses, que reclamaban más actuaciones y medios personales (de Policía Local y benemérita) contra la ola de robos y actos violentos. Tras ese acto de protesta, en enero de este año se creó la primera Comisión Local de Seguridad, en la que se integraron Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento, la Guardia Civil y la Policía Nacional a falta de constituir el cuerpo municipal para que pasase a tomar rango de Junta Local de Seguridad.

"Es un paso más para cumplir el objetivo que teníamos marcado de ir mejorando la seguridad", reconoce el alcalde, Jesús Bazán. Una vez se cumpla esta fase, el regidor explica que quedará por modificar la relación de puestos de trabajo para incluir las nuevas plazas y convocar el proceso para cubrirlas. "Esperamos que a primeros de 2020 esté listo y puedan funcionar a mitad de año, pero dependerá de cómo vaya el proceso", puntualizó.

Por otro lado, en noviembre de 2018 se firmó un convenio entre el Ayuntamiento y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), dotado con 330.000 euros hasta 2020, para iniciar un programa pionero de integración y normalización social de la población de Los Cabezos. Se hablaba de 731 personas ubicadas en 170 viviendas repartidas por cinco cabezos, de las que el 43% son casas-cuevas, el 27% cuevas y un 3% otras formas de "alojamiento no normalizado".

"Hay un trabajador social, dos educadores y dos mediadores trabajando, en coordinación con los servicios sociales y atendiendo a las familias y recopilando datos", incidió el alcalde. El plan preveía establecer líneas de actuación en materia educativa, familiar, sanitaria, laboral o de vivienda.