zaragoza

Podemos plantea que un 10% del parque de vivienda sea público

El Grupo Municipal de Podemos-Equo en el Ayuntamiento ha propuesto un plan municipal que incluya medidas para intervenir en el mercado del alquiler para controlar el "descontrolado incremento de precios".

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El grupo municipal Podemos-Equo ha presentado la moción aprobada por unanimidad. En la imagen, Amparo Bella, Fernando Rivarés y Pedro Santisteve.
Oliver Duch

El Grupo Municipal de Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Zaragoza ha propuesto un plan municipal para que un 10 por ciento del parque de vivienda de la ciudad sea público y que incluya medidas para intervenir en el mercado del alquiler para controlar el "descontrolado incremento de precios".

Así, este plan municipal debería ir encaminado a que la capital aragonesa alcance la ratio mínima europea de un 10 por ciento de vivienda pública y recogería también un programa de rehabilitación sostenible en mil inmuebles de la ciudad, ha informado el grupo municipal en un comunicado.

Sin embargo, en la actualidad, la sociedad municipal Zaragoza Vivienda gestiona 2.415 de los 52.000 pisos destinados al alquiler en la ciudad según datos del Ministerio de Fomento, por lo que el porcentaje de vivienda pública en alquiler en la capital aragonesa apenas alcanza un "exiguo" 3 por ciento.

Para alcanzar las cifras recomendadas por la Comisión Europea sería necesario que el Ayuntamiento dispusiera de un plan municipal de vivienda, del que carece el actual Gobierno PP-Cs, que prevea la construcción de al menos 3.500 viviendas públicas en régimen de alquiler, ha apuntado la concejala de Podemos-Equo Amparo Bella.

Del mismo modo, ha considerado "imprescindible" que para garantizar el acceso a la vivienda como "derecho básico" que es el Ayuntamiento tenga capacidad para intervenir en el mercado del alquiler y frenar el "abusivo incremento de precios que impide a muchas familias el acceso a una vivienda digna".

Por ello, ha instado al Consistorio zaragozano a reclamar a los gobiernos central y autonómico la capacidad legal y administrativa para regular este mercado con el fin de impedir subidas "abusivas" mediante el control de precios y así garantizar un alquiler seguro y estable para inquilinos y pequeños propietarios.

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