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Deliveroo niega que sus ‘riders’ sean falsos autónomos y trabajen bajo su estricto control

La Seguridad Social lleva a juicio a la plataforma digital de envío de comida a domicilio y le exige 35.000 euros  por no dar de alta a 55 repartidores de Zaragoza en el régimen general.

Una veintena de 'riders' asistieron al juicio celebrado este viernes en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.
Una veintena de 'riders' asistieron al juicio celebrado este viernes en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.
Toni Galán

La batalla judicial entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y las plataformas digitales especializadas en el envío a domicilio de comida y otros productos mediante ‘riders’ –como se conoce popularmente a sus repartidores en bici o moto– ha vivido este viernes un nuevo capítulo en Zaragoza, donde el Juzgado de lo Social número 2 ha celebrado un juicio para dirimir si 55 jóvenes que trabajaron entre febrero y noviembre de 2017 para Deliveroo lo hicieron o no como falsos autónomos.

La administración considera que estos mantenían una «férrea dependencia» de la compañía a través de la aplicación (app) con la que se gestionan y adjudican los pedidos, por lo que debieron ser contratados como asalariados y dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social. Y es por ello que reclama ahora a la empresa 35.000 euros por las cuotas no abonadas.

Sin embargo, a través de su abogado, Román Gil Alburquerque, Deliveroo trató de convencer  a la magistrada de que «nunca» ha existido relación laboral entre ellos y los ‘riders’. «No es cierto que haya una dependencia absoluta de estos autónomos respecto a Deliveroo, como aquí se ha intentado hacer ver. Y tampoco es cierto que los repartidores estén sometidos a las instrucciones o un estricto control de la plataforma. Les diré que actualmente tenemos un 50% de servicios rechazados, lo que demuestra la libertad que tienen los ‘riders’ a la hora de decidir si trabajan o no para nosotros», explicó el letrado.

"Actualmente tenemos un 50% de servicios rechazados, lo que demuestra la libertad que tienen los ‘riders’ a la hora de decidir si trabajan o no para nosotros"

La Justicia no termina de dejar clara la relación laboral que existe entre los repartidores y empresas como Deliveroo, Globo o Uber Eat, ya que distintos juzgados españoles han dictado sentencias contradictorias. En el caso de la capital aragonesa, Trabajo decidió levantar acta de infracción e impulsar un procedimiento de oficio no solo contra Deliveroo sino también contra su principal competidora: Glovo. A esta última le reclama el pago de 379.963 euros por trabajar, supuestamente, con 324 falsos autónomos en Zaragoza. El juicio debería haberse celebrado en septiembre, pero la plataforma presentó un recurso y consiguió aplazarlo al próximo 27 de marzo.

La empresa se queda el 30%

El abogado del Estado aprovechó ayer su exposición de motivos para reprochar a Deliveroo su desembarco en España. «No podemos aceptar que la empresa aterrice en nuestro país y, sin anestesia, pretenda implantar un modelo de negocio propio de países ultraliberales donde las prestaciones sociales en nada se parecen a las nuestras», dijo.

El demandante recordó que la ITSS comprobó que Deliveroo factura a cada restaurante el 30% del pedido, «mientras que al ‘rider’ le paga un porcentaje que nunca supera el 3,5%». «Los repartidores forman parte de la estructura productiva de Deliveroo y es una relación completamente laboral», concluyó.

La plataforma insistió en la defensa de una «nueva forma» de trabajo, que se aparta de la «tradicional». «Soy consciente de la gran presión social que existe sobre este tema, pero quiero dejar claro que aquí estamos hablando de autónomos que gozan de total libertad y flexibilidad, algo impensable si la relación fuera de asalariados», señaló Román Gil.

En el proceso está presente también UGT, que defiende los derechos de estos ‘riders’ a ser considerados trabajadores del régimen general, con todos sus derechos.El sindicato denuncia también la presión que están haciendo este tipo de plataformas para conseguir que las Cortes adapten la legislación a su modelo de negocio.

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