PP-Cs aprueba los nuevos coeficientes del IAE entre las críticas de la oposición

El Gobierno de Zaragoza aprobó el jueves los nuevos coeficientes que establece la ordenanza fiscal número 3 para el cálculo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que grava a las empresas que facturan más de un millón de euros. El acuerdo permite cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que declaró nulos por su «arbitrariedad» los coeficientes aprobados en 2016 para el año 2017, posición ratificada después por el Tribunal Supremo.

La Universidad de Zaragoza elaboró a petición del Ayuntamiento una propuesta técnica tanto del callejero fiscal como de los coeficientes que ya se han incorporado a la ordenanza modificando la normativa. Con este decreto, PP-Cs da luz verde a la tramitación del impuesto en tiempo y forma antes del 1 de enero de 2020 junto con el resto de cambios de tasas.

Los informes técnicos municipales indican que esta modificación en el IAE «no tendrá consecuencias en la recaudación por este tributo y no se producirá un aumento de la misma» como, en cambio, asegura la oposición y como se había temido en los debates previos cuando se decidió recurrir al Supremo.

Una vez que el Alto Tribunal ha rechazo los recursos de casación presentados al procedimiento judicial –que se inició por una reclamación de Saica–, queda validado el callejero fiscal aprobado en 2016, pero resulta obligado revisar los coeficientes del impuesto. En base al informe técnico de la Universidad, se ha aprobado el cambio del artículo 7.3 de la ordenanza fiscal número 3 con la siguiente escala de coeficientes de ponderación de la situación física de los locales según la categoría de la calle en que radican: 1ª, 3,8; 2ª, 2,93; 3ª, 2,49, 4ª, 2,23 y 5ª, 2,01.

"Decretazo"

Toda la oposición coincidió ayer en criticar el fondo y las formas con las que se modifica el impuesto. El concejal del PSOE Horacio Royo aseguró que PP-Cs «intenta silenciar» al resto de grupos al recortar de quince a dos días el plazo de presentación de votos particulares a la ordenanza. Royo ha tildado de «llamativa» la decisión de que se modifique el IAE que no había entrado en el paquete general de las ordenanzas fiscales de septiembre y que se tramite «mediante decretazo». Para el edil socialista, «el gobierno vive a golpe de ocurrencia y cuando se ve agobiado acude al rodillo (...) con esta decisión autoritaria y antidemocrática que restringe derechos a la oposición». Según sus cifras, este cambio en los coeficientes del callejeros fiscal castiga a las grandes empresas en las calles más depauperadas con una subida del 9%.

Por su parte, el concejal del grupo municipal de ZEC, Alberto Cubero, calificó de «atropello» los escasos dos días para presentar votos particulares y alegó que la sentencia se conoce desde mayo. «El gobierno no lo hizo el primer día, sino ahora vulnerando los derechos de la oposición para hacer aportaciones a uno de los mayores impuestos de la ciudad», ya que se pueden recaudar entre 12 y 13 millones de euros.

El portavoz de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, avanzó que su propuesta pasará por bajar el impuesto a las empresas de las zonas más modestas y subirlo a las ubicada en las áreas de la ciudad con mejores servicios. Julio Calvo, de Vox, denunció «un incremento impositivo del 13%» por este tributo. «No nos parece adecuado y propondremos ajustar los coeficientes que gravan, precisamente, la creación de riqueza», dijo. 

María Navarro: «No es un criterio político sino técnico»

La concejal responsable del área de Economía del gobierno municipal, María Navarro, no entendía ayer las críticas de la oposición porque «es un criterio técnico y no político» el que se ha aplicado en los nuevos coeficientes.De hecho, Navarro apuntó que está utilizando el documento elaborado por la Universidad de Zaragoza en 2016 y que «el anterior gobierno prefirió esconder en un cajón» antes de «cambiar arbitrariamente» los coeficientes que luego los tribunales declararon nulos. PP-Cs razona que si el callejero fiscal de entonces sí fue validado, habrán de tomarse como referencia también los coeficientes definidos en el mismo estudio para evitar nuevos problemas. Denuncia el gobierno que se ha encontrado con unos 80 recursos por las liquidaciones de 2018 y que la sentencia es de pleno derecho por lo que obliga a abrir la ordenanza fiscal número 3 para poner nuevos coeficientes y motivarlos. Sobre lo ajustado de los plazos para presentar votos particulares, Navarro explica que fue el 10 de octubre cuando se obtuvo la justificación de la Universidad y que la ordenanza tiene que aprobarse antes del 31 de diciembre.