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El denunciante del caso Plaza, al banquillo por un delito urbanístico en Cinco Villas

El también alcalde de Lobera de Onsella, Chabier Mayayo, está acusado de levantar una nave en un terreno rústico en este municipio y le piden una condena de dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación.

Francho Chabier Mayayo, en una foto de archivo en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.
Francho Chabier Mayayo, en una foto de archivo en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.
Asier Alcorta

La persona que denunció el caso Plaza, la mayor trama de corrupción juzgada y sentenciada hasta la fecha en Aragón, se sentará hoy en el banquillo acusada, paradójicamente, de un delito urbanístico. Se trata de Francho Chabier Mayayo, actual alcalde de Lobera de Onsella (CHA), contra el que un vecino de esta pequeña localidad de las Cinco Villas presentó en 2015 una querella criminal por levantar una nave en suelo rústico y para el que ahora pide dos años de prisión, cuatro de inhabilitación para cargo público y una multa de 4.800 euros. La Fiscalía pidió el archivo del asunto hasta en tres ocasiones, pero el denunciante las recurrió todas ante la Audiencia Provincial de Zaragoza y esta ordenó seguir adelante con las pesquisas.

Además de al regidor, el Juzgado de lo Penal número 5 enjuiciará a su hermano José Luis Mayayo, al que se acusa de los mismos hechos pero se enfrenta a una pena algo inferior: año y medio de prisión. La defensa, a cargo del letrado José Antonio Sanz Cerra, entiende que contra este último no cabe condena, puesto que la cuestión estaría prescrita. Respecto de Chabier Mayayo, considera que como mucho podría atribuírsele una infracción administrativa.

Solo cabría el derribo de la nave

Según la querella presentada en su día por el vecino Daniel Begué, la nave que levantaron los hermanos es «una construcción en suelo no urbanizable, en contra del ordenamiento urbanístico y que no es susceptible de legalización en la medida en que no cumple el planeamiento aplicable en el municipio de Lobera de Onsella». Entiende el denunciante que solo cabe la demolición, si bien, la competencia para la tramitación del expediente de restauración de legalidad recae en el propio alcalde y encausado.

El edificio fue construido entre 2009 y 2012, cuando Mayayo todavía no estaba en el Ayuntamiento, al que llegó tras las elecciones de junio de 2011 como teniente de alcalde por el PSOE (aunque era independiente). Fue en 2013 cuando, tras la renuncia del anterior regidor, el ahora acusado pasó a ser alcalde de Lobera, cargo que revalidó después, ya como representante de CHA. Consultado en su día por HERALDO, Mayayo señaló que al convertirse en alcalde recordó a su hermano que debía regularizar la nave, pero entonces, dijo, «la arquitecta hizo un informe diciendo que ya habían pasado cinco años y que la actuación había prescrito y ni siquiera se incoó expediente».

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