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Zaragoza

juicio en Zaragoza

Juzgan a 2o ciudadanos chinos acusados de traer compatriotas a Zaragoza con papeles falsos

La Fiscalía solicita un año y 9 meses de cárcel para cada uno de ellos por falsedad en documento oficial y delito contra los derechos de los trabajadores. 

Ciudad de la Justicia pasillos
El juicio se celebró en la Ciudad de la Justicia.
Heraldo.es

Veinte ciudadanos de nacionalidad china están siendo juzgados en Zaragoza como presuntos autores de delitos de falsedad en documento oficial y contra los derechos de los trabajadores. 

La Fiscalía les acusa de traer a España a compatriotas con contratos de trabajo y altas en la seguridad social falsas para obtener el permiso de trabajo y el de residencia. Los abogados defensores, entre ellos Diego Gracia Pola o Isidro Villanova, solicitan la absolución. 

Las investigaciones, llevadas a cabo por la Policía conjuntamente con la Inspección de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social, se iniciaron en 2015 al sospecharse de 102 solicitudes de visado de entrada en España que se presentaron en el consulado español en Pekín. 

De ese centenar de peticiones, 51 lo eran para trabajar en Zaragoza. Los agentes descubrieron que, salvo en un caso, los solicitantes no tenían arraigo en la capital aragonesa. 

Esto derivó en una investigación más amplia que concluyó que existía una trama para suscribir contratos de trabajo fingidos, puesto que no correspondían con una actividad laboral real. Con ellos, los ciudadanos chinos obtenían ilícitamente  permisos de residencia y trabajo. No obstante, la Fiscalía no llegó a apreciar que formaran un grupo criminal puesto de acuerdo para dilinquir y ha terminado acusando por delitos individuales. 

El modus operandi consistía en que un 'conseguidor' vendía presuntamente contratos de trabajo en Zaragoza a compatriotas a tiempo completo por un año, con los que podían regularización su situación. Casi todos eran para trabajar en distintos establecimientos de la capital aragonesa, todos ellos regentados por ciudadanos chinos y con un volumen de trabajo reducido (sobre todo, tiendas de Todo a 100 y de frutos secos, así como bares). 

Una vez concedidos los permisos de residencia y trabajo, los interesados solicitaban el alta en la Seguridad Social, hasta que, en torno a un mes después, causaban alta en otras empresas situadas en distintas ciudades de España, dificultando así la investigación.

Durante el tiempo de alta en Zaragoza , se confirmaron hasta 16 casos en los que nunca se vio al supuesto contratado en su puesto de trabajo. Además, los empleadores siempre ofrecían explicaciones incoherentes y contradictorias para justificar su ausencia.

 La Policía sospechó igualmente de que eran negocios sin volumen de trabajo suficiente para justificar la necesidad de contratación de más trabajadores que, por otra parte, no residían de manera real en la capital aragonesa. 

Las investigaciones fueron llevadas a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza , la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Oficina de Extranjería de Zaragoza.

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