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Modificado el PGOU para legalizar el 'outlet' de Torre Village

Los representantes de ZEC y Podemos han acusado a los grupos impulsores de actuar como "mayordomos" de los promotores y de llevar a cabo un "urbanismo a la carta".

Estado de las obras de Torre Village
Estado de las obras de Torre Village.
Toni Galán

Los grupos municipales de PSOE, PP, Cs y Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza han sumado sus votos para atender la petición de Iberebro, promotora del 'outlet' de Torre Village, y modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que el centro comercial, paralizado en los tribunales, pase a ser legal.

El plan especial de Torre Village fue impulsado por PP, PSOE y Cs el mandato pasado, pese a la posición contraria del entonces Gobierno de ZEC, y fue declarado nulo de pleno derecho por el TSJA por contradecir al PGOU, norma de mayor rango, en cuanto al uso de los terrenos.

ZEC había tratado, sin éxito, de retirar el expediente del orden del día de la Comisión de Urbanismo celebrada este lunes, pero solo recabó el apoyo de Podemos-Equo, por lo que el punto se ha debatido y ha salido aprobado inicialmente con el voto del resto de los miembros del órgano.

El debate sobre la modificación del PGOU para legalizar Torre Village ha generado un duro enfrentamiento entre el consejero del área, Víctor Serrano, y los representantes de ZEC y Podemos, que han acusado a los grupos impulsores del 'outlet' de actuar como "mayordomos" de los promotores y de llevar a cabo un "urbanismo a la carta".

Serrano ha reiterado que el Ayuntamiento debía decidir entre acoger una realidad y colocarse frente a ella e incurrir en una serie de responsabilidades que podrían concluir en condenas millonarias, ya que el centro comercial está en construcción y la promotora podría pedir compensaciones si el proyecto quedara definitivamente anulado.

"Hacer lo contrario dañaría los intereses de los zaragozanos", ha recalcado el consejero, quien ha aprovechado para cargar contra ZEC por su "vértigo" a la hora de actuar sobre el planeamiento urbanístico y para sobreponer la mayoría a favor de los proyectos procedente de las urnas frente a todas las organizaciones e informes que se han venido manifestando en contra del proyecto.

Ha informado también de que esta modificación llevaría aparejado un cambio en los aprovechamientos, que pasarían de ser de un 6,6 a un 10 por ciento, lo que en términos económicos supondría entre 800.000 y un millón de euros para las arcas municipales.

Pedro Santisteve (ZEC) le ha recordado todos los informes, que certificaban perjuicios al comercio de proximidad, al turismo, al medio ambiente o a la movilidad, y hasta un informe geológico que alertaba de que Torre Village se iba a asentar sobre cuatro dolinas.

Ha denunciado "desviación de poder" a la hora de impulsar este proyecto y ha subrayado que la responsabilidad patrimonial del Consistorio no está clara, al contrario que la de los grupos políticos que votaron el plan especial, que tenían un "conocimiento evidente" de que podía ir en contra del PGOU. "Tengan mucho cuidado con cómo se comportan con la manipulación de la legalidad en interés de unos pocos", ha concluido el exalcalde.

Desde Podemos-Equo, Fernando Rivarés ha pedido a los grupos que han respaldado el expediente que "no vayan de buenos" y que no sean "cínicos", pues avalaron siempre el proyecto de Pikolín. "Han jugado durante años a que ocurriera esto", ha reiterado Rivarés.

La socialista María Ángeles Ortiz se ha limitado a remarcar que Torre Village es un problema que hay que resolver, mientras que Julio Calvo (Vox) ha señalado que no apoyar esta modificación sería "muy lesivo" para la ciudad por las indemnizaciones que podría asumir el Ayuntamiento, que ha calculado que podrían rondar los 100 millones de euros.

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