zaragoza

Vox plantea un órgano de apoyo y asesoría legal para combatir la 'okupación'

Se encargaría de iniciar las causas judiciales o personarse en las que hayan iniciado los propietarios.

Santiago Morón y Julio Calvo a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza
Santiago Morón y Julio Calvo a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza.
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El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza ha propuesto la creación de un órgano de apoyo y asesoría legal para combatir la 'okupación' en la capital aragonesa, de manera que se encargaría de iniciar las causas judiciales o personarse en las que hayan iniciado los propietarios.

El grupo municipal ha explicado esta iniciativa por medio de un comunicado de prensa, la cual han asegurado que haría frente a los gastos de defensa jurídica de las personas físicas o jurídicas afectadas por la ocupación ilegal de sus inmuebles o viviendas en el término municipal de Zaragoza.

Vox ha destacado que el fenómeno de la 'okupación' de viviendas atenta no solo contra uno de los derechos básicos de los ciudadanos, como es el derecho de propiedad, amparado por la Constitución, sino que en algunos casos provocan un verdadero desahucio de sus legítimos propietarios, generando auténticos dramas personales y familiares.

Además, desde el partido han recalcado que este fenómeno está relacionado con actos delictivos como hurtos, venta de droga o molestias al vecindario, entre otros aspectos, y suelen concluir con estragos y desperfectos de importante cuantía en los inmuebles ocupados.

Por ello, la formación ultraderechista ha denunciado la lentitud de los procedimientos judiciales y la imposibilidad legal de la policía de allanar esos inmuebles, una vez constituidos en morada o domicilio de los ocupantes ilegítimos, lo que prolongan el calvario personal de los propietarios.

Por otro lado, Vox también plantea que el Ayuntamiento de Zaragoza promueva los concursos de traslados, para provisión de puestos de trabajo de carácter administrativo en la Policía Local, con personal funcionario de formación administrativa y de los grupos o subgrupos administrativos, destinando a los agentes que ahora desarrollan esas funciones a las propias del Cuerpo, vigilancia, custodia y patrulla, siempre y cuando sus condiciones físicas o su edad lo permitan.

Según el partido, esta medida ayudaría a la optimización de la ocupación y destino del personal disponible para que las labores encomendadas a la Policía Local se ejerzan con la mayor eficacia posible.

Por otra parte, el Grupo Municipal Vox en Zaragoza ha propuesto que se apruebe, con "carácter inmediato", un Plan de Comprobación de las subvenciones nominativas correspondientes a los ejercicios 2016-2019, a realizar por la Intervención General o entidad independiente, así como el cruce de todas las concedidas en ese periodo por el Ayuntamiento de Zaragoza con las concedidas por la Administración General del Estado, el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza o sus organismos autónomos.

Sobre este aspecto, la formación denuncia el incremento de las concesiones directas de ayudas por parte del anterior equipo de Gobierno liderado por Zaragoza en Común (Zec), unas concesiones que fueron en paralelo a otras actuaciones que los entonces partidos en la oposición tacharon de sectarias o partidistas, como cesión de espacios y equipamientos públicos claramente dirigidos o el apoyo a determinados colectivos con sesgos ideológicos afines al equipo de gobierno, entre otros.

Al margen de esas sospechas de ayudas en el reparto de ayudas públicas que Vox dice se han producido, también han manifestado que la existencia de convenios repetidos con las mismas entidades sociales desde hace muchos años obligaría a la evaluación de los resultados obtenidos en el tiempo para decidir sobre su continuidad o no.

Asimismo, han considerado "inexcusable" realizar un cruce de las subvenciones municipales, directas o no, con las que puedan estar concediendo otras instituciones con competencias en el ámbito territorial del municipio zaragozano, en particular con las que concedan la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), el Gobierno de Aragón o la Administración General del Estado.

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