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Zaragoza

Ayuntamiento de Zaragoza

Las medidas económicas, la relación con la DGA y la Romareda marcan el inicio del curso político

El gobierno PP-Cs ultima la auditoría económica financiera para conocer su margen de maniobra. Los tributos, el presupuesto, las fiestas y el plan de etapas del estadio centran el trabajo de la coalición.

En primer plano, Sara Fernández y Jorge Azcón, junto al resto de miembros del gobierno PP-Cs.
En primer plano, Sara Fernández y Jorge Azcón, junto al resto de miembros del gobierno PP-Cs.
Francisco Jiménez

ZARAGOZA. 76 días después de la investidura de Jorge Azcón como alcalde de Zaragoza, el gobierno PP-Cs encara el nuevo curso político con un reto que engloba todos los demás: concretar qué proyecto tiene para el Ayuntamiento y para la ciudad durante los próximos cuatro años. Y septiembre será crucial para despejar esta cuestión, tras dos meses y medio en los que la coalición gobernante dice haber puesto el foco en la atención de los problemas ciudadanos mientras que la oposición municipal no acaba de ver proyectos de calado

El gobierno PP-Cs se reunió este viernes durante todo el día en el edificio Seminario para analizar la situación que se han encontrado las áreas y para perfilar los proyectos que se van a acometer en la recta final del año. El alcalde Azcón advirtió de "la pésima situación económica tras 16 años de gobiernos de izquierdas" como el elemento determinante que marca el inicio de su gestión.

La vicealcaldesa, Sara Fernández, se centró en lo político, en la necesidad de este tipo de reuniones para favorecer "una comunicación fluida" entre los socios y para transmitir una imagen de unidad. Ese será uno de los retos de una coalición inédita y minoritaria, pendiente de los votos de Vox para alcanzar la estabilidad.

Auditoría económica

Pero las urgencias están ahora en lo económico, con una auditoría que podría estar la próxima semana. Será el momento de ver el margen de maniobra del gobierno, tanto en materia de gastos, con la losa de las sentencias y revisiones de precios de las contratas, como en ingresos, en los que se saldrán a relucir los millones de euros que se pierden por fallos en la gestión.

La auditoría será el elemento que guiará las tres primeras grandes decisiones económicas que tomará el gobierno. La primera es la aprobación de las ordenanzas fiscales, que irán acompañadas de medidas para emprendedores y familias. Está por ver el margen de bajada fiscal, que dependerá del resultado de la auditoría. De momento, el gobierno ya ha abierto la puerta a subir el precio del bus hasta el límite del IPC.

Junto a las ordenanzas fiscales, llegará la primera gran modificación presupuestaria del gobierno para aquilatar las cuentas prorrogadas al cierre del ejercicio. Además de para tapar el agujero económico de Zaragoza Cultural y atender las urgencias de las fiestas del Pilar, esta modificación debe atender todas las partidas de servicios públicos que quedaron infradotadas en mayo tras un baile de partidas que sirvió para pagar las subvenciones a las entidades sociales y vecinales y la subida salarial a los funcionarios.

La operación deberá incluir la amortización de parte de la deuda municipal con el objetivo de cerrar el ejercicio sin superar el tope legal del 110% después de pedir un crédito millonario (al menos 35 millones) para pagar sentencias. Solo así se podrá volver a pedir financiación externa para invertir.

La gran decisión económica será el primer presupuesto, que fijará el proyecto político del gobierno. De momento, se están recabando las prioridades de las áreas de cara a la aprobación de las cuentas tras un año de prórroga. Fuentes de PP-Cs indicaron que se va a plantear un presupuesto renovado y con partidas amplias. Pero el objetivo final que se ha fijado el gobierno es que esté en vigor el 1 de enero.

Ese presupuesto permitirá concretar el proyecto de Azcón y convertir en planes de reforma los "guiños" que ha hecho el gobierno en sus dos primeros meses de gestión, con podas de árboles, intervenciones en aceras o mejoras de la seguridad ciudadana. El gobierno tratará de evidenciar un cambio en las prioridades, con la mejora de los servicios públicos y la movilidad como uno de los ejes principales.

Además de la economía, este último cuatrimestre del año debe servir para concretar uno de los proyectos estrella del nuevo gobierno: la reforma del estadio de fútbol de la Romareda, después de tres proyectos fallidos.  Fue una de las prioridades marcadas tras la investidura por parte de Azcón, que dijo que en septiembre habría noticias. El Ayuntamiento ya está trabajando en el plan de etapas y en el modelo de financiación. Este asunto, junto a la organización de las fiestas del Pilar y la hacienda, centra gran parte del trabajo del bipartito.

Reunión el 9 de septiembre

En el arranque del curso, el alcalde y su gobierno se han fijado un último objetivo: restablecer las relaciones con la DGA después de la convulsa etapa de ZEC. No será fácil, por la dimensión de las diferencias económicas entre las dos administraciones y por la existencia de dos gobiernos de distinto signo. Pero el buen trato personal entre Azcón y el presidente de Aragón, Javier Lambán, así como el interés mutuo en el marco del juego de equilibrios de las dos administraciones puede facilitar las cosas.

Por ejemplo, a las dos instituciones les interesa zanjar la controversia del cobro del ICA en Zaragoza a cambio de un convenio de inversiones en infraestructuras. Y al Ayuntamiento de la capital le urge resolver la segunda fase sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid, el problema medioambiental más importante al que se enfrenta la ciudad. Otras cuestiones, como la deuda del tranvía o las competencias impropias, serán otro cantar.

Salvo cambios de agenda, Azcón y Lambán mantendrán su primer encuentro oficial el 9 de septiembre. Será una reunión de carácter protocolario, en la que no se esperan avances de calado en las cuestiones que separan a las dos administraciones, pero que servirá como base para relanzar las relaciones entre las dos administraciones.

Hay que tener en cuenta que durante la pasada legislatura el Consistorio y la DGA atravesaron una mala relación, sobre todo por las discrepancias respecto al cobro del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) en la capital. Esta circunstancia impidió la convocatoria de la comisión bilateral, que ahora se quiere desbloquear

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