El 30 de abril de 2009 fue el último día que funcionó el antiguo vertedero de Torrecilla de Valmadrid. Ese día, el llamado Centro de Eliminación de Residuos (CER), ubicado en la carretera de Valmadrid, dejó de recibir las decenas de camiones que entraban a diario con los residuos urbanos e industriales que se generaban en toda la ciudad y en algunos de los pueblos cercanos. Diez años después, algunas de las ‘heridas’ abiertas en la estepa zaragozana para enterrar la basura de la ciudad siguen sin estar cerradas por los impagos del Gobierno de Aragón.

Entre 2013 y 2014 se acometió una especie de ‘fase 0’ del sellado, con dos millones de euros que abonó la DPZ y que sirvieron, básicamente, para tapar las perforaciones que hicieron los buscadores de metales que durante años estuvieron entrando de forma ilegal en las instalaciones. En enero de 2016 se dio por concluida la primera fase, con la que se acometió el sellado de una superficie de 42,8 hectáreas, gracias a una inversión de 7,3 millones de euros que afrontó el propio Ayuntamiento.

Para poder dar por terminada la clausura del vertedero hacía falta una segunda fase. El Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA pactaron en 2014 a través de un convenio que la sufragaría el Ejecutivo autonómico. El que fuera consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón (PP), y el entonces concejal de Economía del Ayuntamiento, Fernando Gimeno (PSOE), acordaron que el Ejecutivo autonómico aportaría 3,5 millones de euros en 2016 y 2017 y 4,3 millones en 2018. Sin embargo, ese dinero no ha llegado, a pesar de que ha sido el propio Gimeno el que ha estado ese tiempo de responsable de las arcas autonómicas, tras su paso de la plaza del Pilar al Pignatelli.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Zaragoza ha estado ultimando el plan de sellado para poder acometer la obra en el momento en el que llegara el dinero. Encargó el proyecto en junio de 2016, pero este no ha estado listo hasta noviembre de 2017. Finalmente, fue el pasado mes de abril cuando el gobierno de Zaragoza (aún con ZEC al frente) aprobó el documento.

24 meses de obras

En el proyecto se fija un plazo de ejecución de 24 meses y un coste de 11,2 millones de euros. La empresa que acometa los trabajos tendrá que sellar las zonas en las que se dejaron los residuos industriales no peligrosos, así como los residuos industriales inertes. Deberá impermeabilizar toda la superficie del viejo vertedero, ejecutar las infraestructuras de desgasificación de una celda, hacer trabajos de drenaje para el agua de la lluvia, construir caminos de acceso y reforestar la superficie.

Para esto último, tendrá que preparar el suelo para la siembra y proceder a ella de forma manual. La elección de las especies debe ser adecuada al ecosistema que se pretende reconstruir, por lo que debe incluir especies autóctonas. En concreto, el proyecto considera más adecuado sembrar lastón, esparto, albardín o asnallo, que permitirán una revegetación de forma natural de especies como tomillo, romero, sisallo o aliaga.

No obstante, el Ayuntamiento no podrá hacer nada hasta que el Gobierno de Aragón pague lo que le corresponde. Algo que no parece que vaya a suceder a corto plazo, ya que no hay partida presupuestaria para ello. De hecho, el Consistorio ha dejado de presupuestar este ingreso en sus propias cuentas.