Zaragoza

tribunales en Zaragoza 

Seis meses de cárcel por comprar un móvil robado en un bar de Zaragoza

Adquirió por 40 euros un teléfono de alta gama valorado en 619. 

Teléfonos móviles incautados por la Guardia Civil en otra operación.
Teléfonos móviles incautados por la Guardia Civil en otra operación.

La Audiencia Provincial ha confirmado la condena a seis meses de cárcel impuesta a un vecino de Zaragoza que compró un móvil que había sido sustraído a una persona en un bar del Casco. El robo se produjo en septiembre de 2017 en el bar La Cucaracha de la calle del Temple. 

Un individuo, que no llegó a ser identificado, metió la mano en el bolsillo del pantalón de la víctima y le sustrajo su teléfono móvil, valorado en 619 euros, y la cartera en la que llevaba el DNI, el permiso de conducir, una memoria USB, una tarjeta de crédito, la tarjeta de la seguridad social y 60 euros en metálico. Cuando se percató del robo, el perjudicado presentó una denuncia en la comisaría de Las Delicias.

Casi veinte días después, la Policía Nacional intercepto en la avenida de César Augusto, a la altura de la calle de Felipe Perena, junto a la sede de la Audiencia, a un hombre, con antecedentes penales, y al pedirle la documentación para identificarlo y comprobar qué objetos llevaba encima, descubrieron que portaba un teléfono móvil que figuraba en sus archivos como sustraído y denunciarle. Al preguntarle, manifestó que lo había comprado por 40 euros.

A pesar de la dificultad que tiene normalmente probar el delito de receptación, en este caso el juzgado estimó que estaba plenamente acreditado y condenó al acusado a seis meses de cárcel. La Audiencia Provincial avala ahora su decisión y subraya que el imputado no supo dar una explicación racional de la procedencia del teléfono y todo lo que dijo resultó "inverosími"», a juicio del tribunal.

Además, en este caso se añade otro elemento que llevó al juzgador a concluir que el acusado sabía que el teléfono era robado, pues pagó 40 euros por un móvil de alta gama valorado en más de 600, lo que el magistrado califica como «precio vil» con respecto al valor real del objeto adquirido.

Todo esto, unido a las declaraciones del encausado, supone una suficiente prueba de cargo contra él y confirma la condena a seis meses de prisión.

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