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El nomenclátor de la discordia
Tras algunas decisiones unilaterales y polémicas, "una comisión con rigor técnico e histórico" estudiará los posibles cambios de nombres de las calles "buscando el consenso".
La última discusión en el pleno municipal fue a costa de Ernesto Che Guevara, que da nombre a un parque y a una calle en Zaragoza. Para unos fue un "personaje siniestro responsable de numerosas ejecuciones sumarias" y para otros, "un heroico guerrillero" que simboliza la rebelión contras las injusticias.
Para que el nomenclátor de las calles no sea un arma arrojadiza entre los partidos, la vicealcaldesa y responsable del área de Cultura, Sara Fernández, anunció que a partir de ahora "una comisión, con un rigor técnico e histórico, decidirá qué nombres son susceptibles de ser cambiados". "No puede ser que el concejal o el gobierno de turno se erija en especialista y cambie los nombres de las calles de forma unilateral", añadió Fernández.
Se refería así a algunas de las decisiones de ZEC del pasado mandato, entre las que la más sonada –incluso judicializada– fue la del cambio de nombre del pabellón Príncipe Felipe. Ahora el Consistorio aspira a que todos los grupos puedan decidir "buscando el máximo consenso posible" el nomenclátor de la ciudad y que se definan también unas normas para que no se den "aplicaciones erróneas de la ley de memoria democrática", explican fuentes municipales, en alusión a la exclusión del nombre del alcalde de Miguel Merino, cuando este fue regidor de la ciudad una vez muerto Franco.
"Con la creación de una comisión de expertos no estamos inventando la rueda. Se ha hecho así siempre, entre todos, y no ha generado problemas", insiste Fernández, partidaria de "evitar polémicas innecesarias".
En el año 2008, bajo el gobierno del PSOE, ya se hizo una comisión específica "con funcionarios cualificados" para amoldarse a la entonces recién aprobada ley de memoria histórica. Se cambió el nombre a 43 calles para "eliminar referencias a héroes e hitos del franquismo" y se hizo por consenso. Entre otros, se retiraron las denominaciones de General Sueiro, Capitán Portolés, Comandante Santa Pau o Felisa Soteras, que organizó la Sección Femenina en 1936.
También por unanimidad se incorporaron nuevas designaciones a estos viales, como las de José María Lacarra, Antonio Val-Carreres, Héroes del Silencio y María Callas sustituyendo, en el mismo orden, a las anteriormente citadas.
Entonces también se acordó salvaguardar el buen nombre de las instituciones como el propio Ayuntamiento de Zaragoza o la Universidad de Zaragoza, así como "respetar la memoria de los rectores y alcaldes", extremo que en los últimos años se ha ignorado. Sí es cierto que el callejero se ha ido feminizando (con la inclusión, entre otras, de las científicas Martina Bescós García o Ángela García de la Puerta) para compensar un desequilibrio histórico: de las 1.463 calles de la capital aragonesa que tienen nombre de persona apenas 229 están dedicadas a mujeres.
Algunos ejemplos
Ernesto Che Guevara. Vox pidió hace pocos días que se retire su nombre a un parque por considerarlo un "asesino xenófobo". Los grupos de izquierda rechazaron la iniciativa y prefirieron destacar el perfil "heroico y solidario" del comandante de la revolución cubana. El debate en el pleno subió de tono cuando Julio Calvo (Vox) comparó su presencia en el nomenclátor con que hubiera en Zaragoza una calle con el nombre del etarra Josu Ternera, "que tiene en su haber menos crímenes que el guerrillero latinoamericano", dijo.
Miguel Merino. El que fuera alcalde de la ciudad entre 1976 y 1979 se quedó sin plaza el año pasado –la de los bajos del Auditorio– por decisión unilateral del gobierno de ZEC. Lo justificaron aludiendo a razones de la ley de memoria histórica, pero Merino fue alcalde después de morir Franco. Además, como primer edil facilitó en febrero de 1979 la apertura de la fosa común de Torrero para exhumar los cadáveres de 16 riojanos y 173 navarros del Tercio de Sanjurjo.
Emmeline Pankhurst. Esta líder del movimiento sufragista en_Gran Bretaña también tuvo sus sombras, pues defendía el uso de cierta violencia (el incendio de comercios) en sus movilizaciones. Hoy da nombre a una calle del Actur, donde "una comisión técnica podría acabar con todas las calles del barrio", bromeó Alberto Cubero (ZEC), dado que las hay dedicadas a Clara Campoamor, Karl Marx o Pablo Iglesias.
Escrivá de Balaguer. Su nombre también saltó a la palestra en el último pleno, cuando la concejal podemista Amparo Bella dijo que "es un fundador de una secta, que no es de mi agrado". Sin embargo, la concejal admitió que se le concedió una calle por un "acuerdo democrático del Ayuntamiento" (con el PSOE al frente) por lo que no la discute.
Mariano Horno. El año pasado ZEC anunció el cambio de la calle de Doctor Horno, pero después rectificó y explicó que el vial rebautizado era el del exalcalde Mariano Horno, ubicado en Villarrapa, y no junto a la puerta del Carmen.
Gómez Laguna y Cesáreo Alierta. Aunque no se llegaron a cambiar de nombre, en el mandato anterior también se pusieron en entredicho por tratarse de regidores de la época franquista. No obstante, hay un acuerdo tácito para "respetar la memoria de los alcaldes de la ciudad" y es por esto, por ejemplo, por lo que sus retratos cuelgan en el salón de recepciones del Consistorio. El mismo consenso hay en torno a los rectores de la Universidad, por lo que la oposición vio un atropello que hace unos meses se le quitara la calle a Gonzalo Calamita.
David Cañada y Perico Fernández. Por fin un ejemplo en positivo. Hace un par de años, y por acuerdo de todos los grupos en junta de portavoces, se decidió llamar David Cañada al centro deportivo de los Pinares de Venecia (que incluye un velódromo) y bautizar como el exboxeador Perico Fernández al antiguo Salduba. En ambos casos la decisión fue unánime.
Pabellón Príncipe Felipe. Si ha habido un culebrón mediático en los últimos años ese ha sido el del nombre del pabellón deportivo. Santisteve decidió en julio de 2015 por su cuenta y riesgo cambiarlo por el del exentrenador de baloncesto José Luis Abós con toda la oposición en contra. El PP llevó el caso a los tribunales, un juez paralizó de forma cautelar el borrado de las fachadas y así se mantuvieron durante casi cuatro años. Finalmente, la justicia obligó al repintado, que costó al erario unos 16.000 euros.
