COMARCA CENTRAL

San Mateo de Gállego pone coto a fraudes y sabotajes en la red de agua

El Ayuntamiento detectó el verano pasado un alto consumo por conexiones ilegales para llenar piscinas o regar parcelas.

Imagen de archivo de una calle de San Mateo de Gállego.
Imagen de archivo de una calle de San Mateo de Gállego.
Laura Uranga

El Ayuntamiento de San Mateo de Gállego ha conseguido reducir en los últimos meses el elevado consumo de abastecimiento de agua potable a consecuencia de conductas fraudulentas o sabotajes en la red pública. A partir de septiembre del año pasado adoptó una serie de medidas para atajar las conexiones ilegales a la red para llenar piscinas o aljibes o regar zonas verdes muy grandes sin pasar por el contador.

De esta manera, según explicó el alcalde, José Manuel González, el ahorro oscila entre los 300 y los 500 metros cúbicos de agua al día: "Más que en economía municipal, que también, repercuten principalmente en la tranquilidad y garantía de los abastecimientos para los ciudadanos, empresas industriales y ganaderas".

Los casos de conexión a la red de manera ilegal pusieron en jaque al Consistorio, que detectó que "no se llegaba a facturar todo el volumen de agua". Esas conductas incívicas, además, ponían en riesgo la estabilidad del suministro para los vecinos, granjas e industrias. Los niveles de consumo de agua, que en invierno oscilan entre los 900 y 1.000 metros cúbicos diarios, casi se llegaban a duplicar en verano. El Ayuntamiento solicitó la colaboración ciudadana para extremar el cuidado en el consumo eficiente de agua en temporada de verano principalmente sobre los jardines, huertos y piscinas y contrató a una empresa especializada.

Fue necesario modificar las ordenanzas municipales y se llegaron a interponer más de cinco denuncias ante la Guardia Civil por usos fraudulentos de la red municipal de agua, "principalmente pinchazo ilegales para llenado de aljibes, piscinas, depósitos e incluso suministros domésticos". "Primero se tramitaron por la vía penal, pero finalmente optamos por la sanción administrativa", recordó el primer edil. La pena por estos hechos oscila entre los 300 y los 500 euros. Sin embargo, según dijo, "no se trata de sancionar sino de conseguir una actitud más respetuosa con el agua".

González reconoció que, sobre todo, se llevó a cabo una "acción preventiva" y resumió que "si alguien se conecta al suministro, o se pilla in situ o no se puede demostrar". Optaron por alguna medida drástica, como el sellado de arquetas para impedir la conexión. Esta campaña se ha llevado a cabo con personal municipal. "A raíz de los problemas que vivimos el año pasado establecimos unos protocolos de actuación después del verano de 2018".

En breve se van a licitar inversiones municipales que superan los 300.000 € "para seguir trabajando en garantizar una mejor red de agua pública". El Ayuntamiento se coordina con Riegos del Alto Aragón "para estudiar futuros planes de abastecimiento".

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