La concejal de Hacienda, María Navarro (PP), ha elevado este martes a 35 millones de euros la cifra de sentencias condenatorias firmes que todavía están pendientes de pago y ha anunciado que tendrá que acudir a la financiación bancaria para abonarlos. La cifra triplica las previsiones que hizo el anterior gobierno y supera ampliamente el límite de 27 millones de euros fijado en el plan de reducción de deuda actualmente en vigor.

Según ha explicado la responsable municipal, en este momento hay sentencias condenatorias firmes, sin posibilidad de demorar el pago, por valor de más de 35 millones de euros, de los que 7 son intereses de demora. De esta cantidad, 25 es la cuantía pendiente de pago de los distintos fallos judiciales sobre revisiones de precios de FCC y Avanza (8,3 de FCC y 17 de Avanza), que en global suman 63 millones de euros. Ha mencionado, entre otras sentencias, 1,5 millones de la contrata de la grúa, 5 millones de expropiaciones y 300.000 euros del corredor verde.

"Es un enorme problema, una losa financiera brutal", ha afirmado Navarro, que ha calificado de “negligente” la estrategia de los gobiernos anteriores de judicializar todos los pagos pendientes, acumulando intereses de demora. La mayor parte de la deuda es por las revisiones de precios de FCC y Avanza entre 2009 a 2013, ha apuntado Navarro, que también ha expresado su temor por el impacto que se pueda producir en el periodo 2014-2018. "El impacto económico puede ser demoledor. Es una situación de alerta financiera máxima", ha señalado.

María Navarro ha explicado que solo hay dos vía para atender esta deuda. Una es el Fondo de Impulso Económico (FIE), una línea de crédito a bajo interés que habilita el Estado para que los ayuntamientos paguen sentencias judiciales pendientes. El plazo para solicitar el préstamo expira el 13 de septiembre y la edil no ha descartado que en ese momento la cifra pueda ser mayor a los 35 millones mencionados. El gobierno anterior, de ZEC, cifró entre 10 y 11 millones de euros la necesidad de pago de sentencias, aunque estableció un margen de deuda de hasta 27 millones. Las dos cifras se han visto superadas. "Se equivocó al minimizar este asunto", ha dicho Navarro.

La edil ha señalado que se pedirán todos los fondos que se puedan para reducir la deuda por sentencias, aunque esto suponga el incumplimiento de los porcentajes máximos de endeudamiento establecidos por la ley (110% de los ingresos corrientes). Si no acomete una amortización extraordinaria de préstamos, el gobierno tendrá dificultades para reconducir su elevada deuda, así como para solicitar créditos en 2020.

Por otro lado, el Ayuntamiento está dispuesto a buscar un acuerdo con las empresas que han ganado las sentencias. "Una vez que los criterios judiciales quedan claros, no queda más remedio que negociar con las contratas, para que la deuda no se multiplique por los intereses de demora", ha afirmado la concejal de Hacienda. "Queremos limpiar cuanto antes esta losa", ha señalado.

La edil ha expresado su "perplejidad" por las críticas recibidas tanto por el PSOE como por ZEC, cuando según su opinión han sido los gobiernos liderados por estos dos partidos los que han generado esta situación. "Es hipócrita. No es un problema de herencia, sino un problema brutal por 12 años de gobiernos del PSOE y 4 de ZEC. Si tuvieran un mínimo de responsabilidad, pedirían disculpas”, ha declarado.

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