Azcón dice que las sentencias son "inasumibles" e "hipotecan" la inversión

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha expresado este lunes su preocupación por la decisión del Supremo de rechazar los distintos recursos municipales a las seis condenas por revisiones de precios de FCC y Avanza, que suman 63 millones de euros junto a otras tres que adquirirán firmeza próximamente. "El agujero en sentencias judiciales del anterior gobierno es extraordinariamente preocupante", ha afirmado el regidor zaragozano, que ha considerado que se trata de una deuda "inasumible" que "hipoteca las finanzas municipales y toda la capacidad inversora".

Azcón ha recordado que ha habido años en los que la inversión municipal ha sido de 25 millones, cifra que puso en comparación con los 63 millones en sentencias, de los que están pendientes de pago 25. Pero el alcalde ha advertido de otro aspecto: las futuras sentencias que recaerán sobre las arcas municipales con el criterio fijado por los tribunales, dado que los fallos judiciales se refieren al periodo 2009-2013. Hay que tener en cuenta que quedan pendientes todas las revisiones de precios del periodo que va entre 2014 y 2019. De hecho, hace unos meses tanto FCC como Avanza cifraron en más de 75 millones de euros la deuda reclamada, en su mayor parte por revisiones de precios.

Según ha explicado el alcalde, de momento la única opción es "aumentar" la captación de créditos a través del fondo Impulso, una línea de préstamos a bajo interés que habilita el Estado para que los ayuntamientos puedan pagar sentencias. En un principio, el plan de reducción de deuda cifra un máximo de 27 millones para este año, aunque el gobierno PP-Cs quiere más fondos.

Azcón ha señalado que hasta que no esté lista la auditoría económico- financiera que ha encargado el nuevo gobierno no se podrá conocer el alcance total de la deuda.  "Este no es un problema que se pueda resolver en un año, sino que se tendrá que resolver en muchos años", ha afirmado el alcalde, que ha señalado que el anterior gobierno municipal "no informó" de la magnitud del "agujero".

Los grupos de la izquierda han lamentado que el gobierno se aferre a la "herencia recibida". El edil socialista Horacio Royo ha considerado en primer lugar "una torpeza" que el gobierno municipal no recurra todas las sentencias, dado que este asunto "no es matemáticas" y existen fallos contradictorios sobre cómo se computan las revisiones de precios. Se refería a una sentencia del TSJA sobre Avanza que reconocía al Ayuntamiento que no se debía computar la mano de obra, frente a otras, ahora confirmadas por el Supremo, que dicen que sí hay que hacerlo.

El PSOE defiende los recursos

En este sentido, Royo ha defendido la actuación de los gobiernos socialistas, que acudieron a los tribunales "en defensa de los intereses municipales", frente a la tesis del PP y Cs, que creen que dio "una patada para adelante" de consecuencias millonarias. Royo ha asegurado que es necesario abrir un proceso de negociación con las contratas para pactar un plan de pagos, así como acogerse al fondo Impulso.

Alberto Cubero, de ZEC, ha señalado que la situación de las sentencias de las revisiones de precios "era conocida por todo el mundo" y defendió la posición de los gobiernos socialistas que abrieron el conflicto judicial. Ha afirmado que el anterior gobierno de ZEC hizo provisiones de 20 millones de euros, además de adelantar el pago de parte de la deuda. "Esto se sabía. Que no lo utilicen PP y Cs para hacer recortes", ha dicho.

Julio Calvo, de Vox, ha responsabilizado al exalcalde socialista Juan Alberto Belloch y al exconcejal Fernando Gimeno de la situación actual. Ha expresado su "preocupación" por la magnitud de la deuda con las contratas y reclamó al gobierno que acuda al fondo Impulso y negocie un plan de pagos con FCC y Avanza. Podemos-Equo no hizo valoraciones.

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