El Supremo confirma 63 millones en condenas por revisiones de precios de FCC y Avanza

Las revisiones de precios de FCC y Avanza ya son el principal problema económico del Ayuntamiento de Zaragoza. En los últimos cinco meses, el Tribunal Supremo ha rechazado seis recursos municipales que confirman otras tantas condenas que superan los 61 millones de euros. A esa cifra hay que sumar otras tres sentencias que van a seguir el mismo camino y que suman 1,8 millones más. En total, 63 millones, de los que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene pendiente el pago de 25,3. Esta cuantía se tiene que atender de forma inmediata con cargo al fondo Impulso, una línea de crédito que habilita el Estado para que los ayuntamientos abonen sentencias judiciales firmes.

El problema no es solo el dinero que el Ayuntamiento va a tener que desembolsar o el que ya no podrá recuperar después de haberlo adelantado (se han pagado 37,8 millones). La decisión del Supremo, que se refiere a recursos del periodo que va de 2009 a 2013, confirma los sistemas de cálculo de las revisiones de precios y aboca al Consistorio zaragozano a asumir en los próximos años pagos millonarios todavía por cuantificar tanto a las dos principales contratas municipales como a las demás.

Sentencias millonarias

Las providencias del Supremo se dictaron entre los meses de marzo y julio. Primero llegaron las tres de FCC, contratista de la limpieza y la recogida de residuos de la ciudad. Hay una de 214.973 euros del año 2009, otra de 7,1 millones (2010-2011) y otra de 10,8 (2012-2013), de la que faltan por pagar 962.380 euros en concepto de intereses de demora. Las tres suman 19,1 millones, de los que están pendientes de abonar 8,2.

Entre abril y julio llegaron otras tres providencias de inadmisión, en este caso referidas a la adjudicataria del bus urbano, Avanza Zaragoza, en la época en que se denominaba Tuzsa. Hay dos referidas a las certificaciones de diciembre de 2012 a julio de 2013, por valor de 15 millones la primera y 8,1, la segunda. Eran las últimas facturas de la anterior contrata, que no se atendieron por las discrepancias sobre el cálculo del precio. Estas dos deudas ya se saldaron antes de la decisión del Supremo. Queda una tercera sentencia de 15 millones en concepto de revisiones de precios de 2011 a 2013, de la que se pagaron 3,2. En total, 42,1 millones, de los que están pendientes de pago 12,2, además de unos 3,5 de intereses.

Por último, hay otros tres procedimientos judiciales sobre revisiones de precios de 2011 a 2013: uno de 747.009 euros, otro de 714.097 y otro de 357.488. Son por tanto 1,8 millones, de los que quedan por abonar 1,3. El Supremo no ha tomado ninguna decisión sobre estos pleitos, pero el Ayuntamiento sabe ya que será la misma que el resto de sentencias, por lo que se buscará un acuerdo extrajudicial que les dé firmeza para abonarlas con el fondo Impulso. La cuantía global de la deuda con Avanza es de 42,1 millones, de los que quedan por saldar 17.

Futuros procesos

Todas estas deudas se refieren a revisiones hasta el año 2013. Pero faltan todas las revisiones hasta 2019, que se tendrán que recalcular de acuerdo a los criterios establecidos por los tribunales. Hay que tener en cuenta que las dos grandes contratas cifran en 75 millones de euros la deuda pendiente del Ayuntamiento (46,2 de FCC y 28,8 millones Avanza).

Pero con la decisión del Supremo se zanja la discusión histórica entre el Consistorio y las grandes contratas respecto a las revisiones de precios. La pretensión municipal era que no se computara el incremento de los costes de la mano de obra y el último gobierno socialista llegó a iniciar un procedimiento por lesividad ante los tribunales en 2014.

En 2016 logró que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) le diera la razón, por entender que se había pagado de más a la contratista del bus. Pero en 2018, en un pleito similar con FCC se determinó que debían "reconsiderar" la decisión de 2016 sobre los costes salariales. Y lo hizo posteriormente con los seis procesos judiciales de Avanza que ahora se acaban de zanjar.

Con este escenario, el Ayuntamiento tendrá que incluir las cuantías pendientes que cuenten con sentencia en el fondo Impulso, una línea de créditos a bajo interés que ha servido en los últimos años para pagar condenas. Pero más grave es el problema que se abre con los recursos judiciales que están en la vía administrativa. Mientras llegan las sentencias, el Consistorio se verá obligado a abrir un proceso de negociación con las empresas y evitar la judicialización a la espera de que se pongan en marcha unos nuevos pliegos de condiciones que no tengan estas leoninas cláusulas de revisiones de precios.

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