El consejero de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha dado a conocer el acuerdo alcanzado entre el Consistorio, el Ministerio del Interior, la Guardia Civil y la Sociedad de Infraestructuras Penitenciarias y Equipamientos -dependiente del Ministerio de Hacienda-- para ceder al Gobierno central una parcela en el barrio de Valdespartera donde se construirá un cuartel de la Benemérita.

La parcela cuenta con 52.000 metros cuadrados de superficie, está ubicada en la avenida Gómez Laguna y también acogerá otra serie de instalaciones vinculadas al nuevo acuartelamiento, ha explicado en rueda de prensa el consejero municipal.

El gobierno de la ciudad tiene previsto aprobar este viernes el acuerdo, así como, en contraprestación, iniciar un expediente para incorporar a favor del Ayuntamiento de Zaragoza una serie de parcelas que son del Ejecutivo central y pasarán a ser titularidad del consistorio gracias a su cesión gratuita.

Serrano ha aclarado que la operación no tiene ninguna valoración económica, sino que se trata de hacer una mutación demanial en los suelos de Gómez Laguna "sin cambiar ningún tipo de uso, ni aprovechamiento", de forma que el terreno mantiene las mismas condiciones actuales que figuran en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). "Simplemente, cambia el titular registral de la finca, pasando de ser propiedad del Ayuntamiento al Ministerio del Interior".

El consejero municipal ha añadido que, a cambio, el Consistorio va a recibir la cesión gratuita del parque de la Esperanza -ubicado donde se hallaba la antigua casa cuartel de la avenida Cataluña-, el parque de la Memoria, en la calle Joaquín Sorolla, en el barrio de San José, y el campo de fútbol José Luis Violeta del barrio de La Paz.

El consistorio también recibirá una parcela que linda con el Instituto Nacional de Meteorología, junto al Canal Imperial de Aragón, en la avenida de San José, así como otra parcela de unos 2.000 metros cuadrados, donde está el colegio de las Misioneras de Nuestra Señora del Pilar, "que está en una situación de bastante abandono", ha dicho Serrano. 

El acuerdo también incluye que la Administración General del Estado se ha comprometido a no solicitar unos aprovechamientos a los que tenía derecho en virtud de un convenio urbanístico de 1987 en el entorno de la antigua Alumalsa, por el que el consistorio le iba a transmitir un aprovechamiento residencial para construir 107 viviendas.

Víctor Serrano se ha felicitado de haber alcanzado un acuerdo "después de una larga travesía que data de 2005", año desde el que estaba "paralizada" la situación, gracias a la "intención" del área de Urbanismo "de volver a la interlocución directa con el resto de Administraciones".

A su entender, se trata de un acuerdo "satisfactorio para todos", que permite al Ayuntamiento "poner en orden e incorporar a su patrimonio una serie de zonas verdes de las que ya se venía ocupando, pero no formaban parte de él".

Además, "facilitamos a la Guardia Civil que pueda acometer unas instalaciones modernas, nuevas, que den servicio a la ciudad de Zaragoza, aunque no solo", un proyecto que va a desarrollar la Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias y Equipamientos, y que también incluye otras instalaciones, por ejemplo, para ubicar allí vehículos para los que falta espacio en el Acuartelamiento del Carmen, ubicado en el centro de la ciudad.

El consejero municipal ha comentado que la parcela "está bastante bien ubicada" y "tiene muy cerca una rotonda que facilita la entrada y salida", una finca que es resultante del proyecto de reparcelación del Plan Parcial de Valdespartera.

Serrano ha apuntado que la tramitación administrativa se va a limitar al cambio de titularidad, para añadir que "es interés" del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil acometer el nuevo cuartel "a la mayor brevedad posible" y, precisamente, "se ha optado por esta fórmula porque acorta los plazos".

Asimismo, ha achacado el desbloqueo de estos suelos a la "interlocución entre Administraciones y a la voluntad de sacarlo adelante", para apuntar, respecto a los anteriores cuatro años de gobierno, que no era una prioridad "que hubiese un acuartelamiento moderno", si bien ha recordado que la paralización proviene de 2005. 

Paralización del expediente de derribo del convento de Jerusalén

En otro orden de cosas, Serrano ha anunciado que se va a paralizar el expediente de derribo del convento de Jerusalén, ubicado junto al estadio municipal de la Romareda, así como la concesión de la licencia porque este inmueble puede ser objeto de catalogación.

Según ha detallado, los propietarios del mismo solicitaron una licencia de derribo por lo que se abrió el expediente correspondiente, al que se incorporó un informe técnico del área de Urbanismo que advierte de que este edificio "pudiera ser objeto de catalogación".

"Por una cuestión de prudencia, se va a paralizar el expediente y se iniciarán los trámites legales para que se pronuncie la comisión de Patrimonio", ha dicho Serrano, para tomar finalmente una decisión teniendo en cuenta el criterio técnico ya que "no es idea del consejero contravenir informes técnicos en la toma de decisiones", ha afirmado.

"Si la comisión dice que hay que catalogar, habrá que hacerlo", para aclarar que no se contempla ninguna indemnización a la propiedad en estos casos. Ha agregado que el expediente ha de pasar primero por la comisión de patrimonio de Zaragoza y después por la provincial, un procedimiento que se podría prolongar algo menos de un año. 

Parque Pignatelli

Por otra parte, el consejero municipal ha asegurado que no se ha paralizado el proyecto de ampliación del Parque Pignatelli y la construcción de 107 viviendas -77 libres y 30 de protección-- en la zona.

"Hace tres días firmamos el contrato que adjudicaba la redacción del proyecto", ha detallado, además de que no se va a cambiar lo previsto "en una sola coma", una actuación que "alcanzó un amplio grado de consenso" en la pasada corporación, ha sostenido.

Asimismo, ha explicado que en los tres o cuatro meses en los que se va a redactar el proyecto de urbanización, va a intentar "tener interlocución con el Gobierno de Aragón" y, a partir de ahí, abrir la mesa de licitación para que se adjudiquen las contratas.

Al respecto, ha comentado que puesto que "hay un plazo legal de tres meses para abrir la mesa de licitación, que, de facto, se había paralizado, porque cuando llegué al área había que convocar esa mesa", este viernes propondrá al gobierno de la ciudad que no se convoque la mesa "en un plazo de tres meses" para "ver si somos capaces de alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Aragón". 

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