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Condenado a prisión un ganadero por dejar morir a varios animales en Pastriz
La jueza le atribuye dos delitos de maltrato animal y le prohíbe también ejercer su profesión durante cinco años.
Diecinueve meses de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer de ganadero o cualquier otro oficio relacionado con los animales. Esa es la condena que una jueza de Zaragoza acaba de imponer a un ganadero de Pastriz por maltratar y dejar morir de hambre a una perra y una cabra de su granja, así como por privar de alimentación y cuidados básicos al resto de animales de la explotación, a los que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil halló también en un precario estado.
La sentencia no es firme, puesto que ha sido dictada esta misma semana por la titular del Juzgado de lo Penal número 3, Milagro Rubio, y todavía cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Zaragoza. En cualquier caso, se trata ya de uno de los pronunciamientos más severos que se recuerdan contra el maltrato animal en la provincia, donde las detenciones por este delito han experimentado un importante repunte.
La denuncia que llevó a la imputación de A. M. F., de 55 años, se produjo a finales de 2017, después de que una mujer encontrara una perra en estado semicomatoso abandonada en un camino junto a la explotación del primero. Gracias a su número de identificación, se pudo averiguar que el animal pertenecía al encausado, como él mismo reconoció durante la fase de instrucción, ya que no se presentó al juicio.
Según explicó la veterinaria que asistió al can, presentaba un «gran deterioro físico y orgánico, estado de deshidratación muy grave, extrema delgadez, atrofia muscular, alopecia alrededor del cuello, conjuntivitis...». Una asociación protectora de animales se hizo cargo de su cuidado, pero todas estas enfermedades provocaron a la perra una insuficiencia renal crónica que no pudo superar y que hizo necesario practicarle la eutanasia para evitarle una lenta agonía.
Una instalación «deplorable»
La muerte del animal hizo que el Seprona cursara una inspección completa a la granja del ganadero, donde localizaron una cabra muerta y otra visiblemente delgada y desmejorada que tenía manchas de sangre en el exterior de su aparato reproductor. Junto a estas, los agentes encontraron también un poni con claros síntomas de sarna. De ahí que la acusación particular, a cargo de la letrada Gema Calahorra, vicepresidenta de la Sección de Defensa de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Zaragoza, solicitara que el ganadero fuera condenado por dos delitos de maltrato: uno por la muerte de la perra y el otro por el estado del resto de ejemplares de las instalaciones de Pastriz.
Tras escuchar durante el juicio a los testigos y valorar en su conjunto la prueba, la Fiscalía, que acusaba en principio por un único delito, terminó sumándose a la petición de la letrada que representa a la asociación protectora de animales. Así, como mantenían ambas acusaciones, la juzgadora ha entendido que hay evidencias suficientes para condenar al acusado. Primero, dice, porque «no hay ninguna duda» de que fue el «causante directo» de la muerte de la perra «por la omisión consciente y voluntaria en la que incurrió al dejar de atenderla y cuidarla». Y en segundo lugar, porque del «deplorable» estado de la granja de Pastriz, donde no había comida ni agua limpia para los animales, era también responsable el propietario de las instalaciones, que tiene antecedentes penales.
