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Azcón alude al consenso en la solución de Torre Village para evitar indemnizaciones millonarias

La gerencia de Urbanismo debatirá el lunes una modificación aislada del plan general para el ‘outlet’. El PSOE esconde sus cartas pero la propuesta podría aprobarse con el voto a favor de PP, Cs y Vox.

Las obra en la carretera de Logroño continúan y ya se ha comenzado a urbanizar los viales.
Las obra en la carretera de Logroño continúan y ya se ha comenzado a urbanizar los viales.
Guillermo Mestre

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, apostó ayer por el diálogo para dar una «solución urbanística» con el mayor consenso posible para hacer viable el ‘outlet’ de Torre Village. El proyecto se encuentra paralizado por sentencia judicial desde el pasado mes de febrero cuando el plan especial fue declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por contradecir el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una norma de rango superior. La solución que articulará el nuevo ejecutivo de PP-Cs será la de procurar una modificación aislada del PGOU –cuyos trámites tardarán cinco meses– para cumplir con la sentencia y poder dar seguridad jurídica al nuevo complejo de compras y ocio que se está construyendo en la carretera de Logroño.

Azcón advirtió ayer de que si no se halla una solución el Ayuntamiento tendría que afrontar una «indemnización millonaria», habida cuenta de que la promotora podría presentar un procedimiento judicial de reclamación por responsabilidad patrimonial de la administración y lucro cesante. Las obras del ‘outlet’ ya están prácticamente concluidas y, aunque no se ha ofrecido una cifra de a cuánto podría ascender la indemnización, la amenaza de grandes costes para el Consistorio y, por tanto, para la ciudadanía complicaría aún más la frágil situación que atraviesa el erario.

«Es conocido que existe una mayoría política –en referencia a PP y Cs, más PSOE y Vox– que apuesta por evitar lo que podría ser una indemnización millonaria», dijo ayer Azcón, que reconoció que las arcas municipales «no están en disposición de afrontar una nueva sentencia condenatoria de tal magnitud con los impuestos de los zaragozanos».

Así, ante esta situación, el gobierno PP-Cs plantea llevar el asunto a la gerencia del próximo lunes su propuesta, no tanto para iniciar los trámites de modificación del plan general –cosa que no se puede realizar a no ser que el beneficiario de la operación lo solicite– sino para «conocer la opinión del resto de los grupos políticos». El alcalde reconoció que PP y Cs no tienen la mayoría absoluta en el pleno y que, por tanto, es necesario conocer la opinión de la oposición y «sumar voluntades» antes de adoptar cualquier decisión.

En este sentido, tanto ZEC como Podemos-Equo ya anunciaron ayer su oposición a esta pretensión, que consideran «urbanismo a la carta de los poderosos». Ambos partidos hablaron de «pelotazo» y «urbanismo a la carta». El exalcalde Pedro Santisteve cargó contra el nuevo regidor quien a su juicio «está traicionando su palabra de intentar promover las decisiones por unanimidad» y, además, le acusó de querer impulsar «pelotazos urbanísticos». Fernando Rivarés adelantó que su grupo (Podemos-Equo) votará no a la hipotética modificación aislada de los suelos de la antigua fábrica de Pikolin y aseguró que, «si es necesario», recurrirá a los tribunales.

Un papel clave jugarán los socialistas, que ayer no quieren desvelar sus cartas y emplazaron a la reunión del lunes para fijar su posición. Hay que tener en cuenta –no obstante– que el PSOE fue uno de los grupos (junto a PP y Cs) que impulsó con su voto favorable el plan especial de Torre Village que después anuló el TSJA y, también, sus ediles de la anterior corporación defendieron que se presentara un recurso al Supremo tras el revés judicial.

Los argumentos para apoyar la puesta en marcha del centro comercial –que aspira a ser semejante a los ‘village’ de Las Rozas y La Roca, en Madrid y Barcelona respectivamente– son su impacto positivo tanto en la economía local como en la generación de empleo, motivos por los que el proyecto también fue declarado por la DGA como de «interés autonómico».

Esta opinión está en las antípodas de los pequeños comerciantes reunidos en ECOS y de la Federación de Barrios que fueron quienes llevaron el plan especial a los tribunales y a quienes el TSJA dio la razón hace cinco meses. Mientras tanto, las obras en las antiguas fábricas de Pikolin continúan a buen y, una vez logradas las licencias urbanísticas y ambientales, los promotores confían en abrir en la primavera de 2020.

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