El nuevo gobierno PP-Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido paralizar la subasta de suelos para la construcción de 77 viviendas libres en los antiguos depósitos del Pignatelli, quizá el mayor proyecto urbanístico de la ciudad en marcha, tras el recurso que la DGA presentó por irregularidades en el proceso. Y lo hace pese a que el juez encargado del caso ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo autonómico. Sin embargo, el concejal municipal del área, Víctor Serrano, apuesta por la "prudencia" y no retomará el proceso hasta que se pronuncien los tribunales, lo que se podría demorar hasta el año que viene.

El plan Pignatelli fue uno de los proyectos estrella del anterior equipo de gobierno de ZEC, que contó para su aprobación con el apoyo del resto de grupos. Contempla la ampliación del parque, la construcción de 77 viviendas libres y 30 públicas de alquiler, así como numerosos equipamientos con los que reconvertir esta enorme parcela de terreno, una de las últimas sin uso dentro de la ciudad consolidada. Sin embargo, tal y como adelantó este periódico, la DGA considera que el proceso iniciado para la subasta de suelos, mediante la fórmula de permuta, "infringe la ley", por lo que llevó el caso a los tribunales.

La DGA bloquea la venta de suelos para los 77 pisos libres del plan Pignatelli por infringir la ley

En concreto, el Gobierno de Aragón advierte de que la subasta no cuenta con su visto bueno incorporado en el expediente. Según la normativa vigente, este tipo de procesos de enajenación de parcelas requieren de una resolución expresa de ‘toma de conocimiento’, un acto formal por el cual la Administración autonómica se da por enterada de la tramitación "sin que pueda considerarse suficiente la mera comunicación", según advirtieron en abril al Consistorio.

Además, la DGA achaca otros incumplimientos al proceso de subasta iniciado por el Ayuntamiento el 1 de febrero de este año. También apunta a varias irregularidades en las propias cláusulas de la licitación como, por ejemplo, que no se haya fijado a los candidatos unos "plazos máximos para la realización de las obras de urbanización y edificación", así como "los precios máximos de venta o arrendamiento de las edificaciones resultantes".

De hecho, advierten de que "las mejoras en los plazos y en los precios antes señalados deberán ser tenidas en cuenta a la hora de determinar la mejor oferta".

Conflicto preelectoral

La advertencia, en todo caso, cayó en saco roto, y el anterior Gobierno municipal de ZEC decidió mantener el proceso, al considerar que la normativa estipula un periodo de dos meses para recurrir la licitación y las quejas de la DGA llegaron pasado este plazo. En cualquier caso, el entonces concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, negó la mayor, y defendió que el Ejecutivo regional "no tiene una posición de tutela sobre el Ayuntamiento, que posee plena capacidad para decidir qué hacer con su patrimonio".

En concreto, Muñoz argumentó que la operación de los depósitos no requiere del visto bueno del Gobierno de Aragón, sino que solo se exige una simple notificación, algo que el Consistorio hizo. Además, el exedil denunció que "es la primera vez desde que existe la actual legislación que la DGA se mete a pedir una autorización previa en una enajenación", una decisión del Ejecutivo autonómico en la que vio un "clarísimo ataque político contra ZEC", a menos de dos meses de las elecciones municipales.

El cambio de gobierno que propiciaron dichos comicios en el Ayuntamiento de Zaragoza ha dado un giro a los acontecimientos. El nuevo concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha decidido paralizar el proceso hasta tener las "garantías" legales necesarias, pese a que el pasado 28 de junio el juzgado comunicó a las partes que no admitía las medidas cautelares solicitadas por la DGA. "Esta desestimación facultaría la continuidad del proceso de licitación, pero entendemos que hay que ser prudentes", señala el edil de Ciudadanos.

El nuevo gobierno sospecha que el proceso impulsado por ZEC "no ha estado coordinado" y, tal y como advertía la DGA, se ha intentado licitar el proyecto de construcción sin estar redactado el de urbanización, que es parte indispensable para la valoración de ofertas. Este último ya está adjudicado y en fase de redacción, pero no estará concluido hasta dentro de "tres o cuatro meses". En cualquier caso, ahora el retraso en el plan Pignatelli será mayor, ya que fuentes municipales calculan que la resolución judicial del caso no llegará antes de "siete u ocho meses".

¿Dónde irán los actuales inquilinos de los depósitos de Pignatelli?