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Un exjuez y una exnotaria del arzobispado de Zaragoza niegan haberse apropiado de 3.420 €

La Fiscalía les acusa de sacar el dinero de la cuentas del tribunal eclesiástico mediante 11 cheques y pide dos años de cárcel para ambos como presuntos autores de un delito continuado de apropiación indebida. 

Los acusados, momentos antes del iniciarse el juicio en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.
Los acusados, momentos antes del iniciarse el juicio en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.
Raquel Labodía

El sacerdote y exvicario judicial Ignacio Ferrer Sarroca y la abogada y exnotaria del mismo tribunal interdiocesano María del Carmen Amador negaron este lunes haber hecho suyos 3.420 euros procedentes de las tasas y pruebas periciales que abonaban las parejas que solicitaban la nulidad matrimonial. De ello les acusa el Arzobispado de Zaragoza, que les atribuye un delito continuado de apropiación indebida por retirar, supuestamente, los fondos mediante once cheques y solicita para ellos sendas penas de 21 meses de prisión. La Fiscalía les considera autores del mismo delito, pero eleva la petición de cárcel a dos años.

Durante el juicio celebrado ayer ante la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza, ambos encausados insistieron en que «nunca» se quedaron ningún dinero y siempre actuaron «de buena fe». La exnotaria –que era la encargada de instruir los prodecimientos de nulidad matrimonial y fue despedida el 30 de junio de 2015 a raíz de estos hechos– reconoció que cobró los mencionados cheques en ventanilla y entregó después el dinero a Ignacio Ferrer. «Ignoro el destino que dio al dinero, pero tengo entendido que se utilizaba para gastos del tribunal», manifestó.

Como hicieran durante la fase de instrucción, ambos acusados insistieron ayer en que el dinero que se sacó del banco mediante los talones se correspondía con las periciales realizadas por un psicólogo eclesiástico durante el primer semestre de 2015. «Este perito se había jubilado y cobrar ese trabajo le suponía un problema, por lo que le dijo al vicario judicial que dispusiera del dinero», declaró María del Carmen Amador. «Por lo que sé, esos 3.800 euros se usaron para cubrir gastos de formación, simposios, comidas... Nunca nos repartimos ningún dinero. El señor Ferrer rendía cuentas al consejo de Obispos», apostilló la acusada.

"Por lo que sé, esos 3.800 euros se usaron para cubrir gastos de formación, simposios, comidas... Nunca nos repartimos ningún dinero"

En la misma línea, el exvicario –que renunció al cargo tras saber que habían despedido a María del Carmen Amador– aseguró que solo se sacó el dinero al que había renunciado el perito y para cubrir gastos del tribunal. ¿Y por qué era necesario retirar esas sumas del banco mediante cheques al portador? ¿Dónde guardaba usted el dinero en efectivo? Le preguntó la propia jueza al encausado.

«Una cosa era el dinero del tribunal y otra, el dinero al que renunciaba el perito por unos trabajos realizados. Yo este último lo guardaba en un sobre y de ahí iba pagando los simposios, comidas, etc», explicó el acusado. El fiscal le recordó entonces que, según el Arzobispado de Zaragoza, solo se justificaron dos gastos de este tipo. ¿No presentaba usted recibos ni facturas?, le preguntó. «Yo no tenía que dar ninguna explicación porque ese dinero era del perito y él me lo había confiado a mí para que lo administrara», contestó el exvicario judicial.

Tras escuchar a los investigados, la magistrada pudo oír las explicaciones de Pascual H. C., el psicólogo que no cobraba las periciales. Según este, efectivamente, él renunció a sus emolumentos. «Pero lo hice porque el Papa había planteado la necesidad de reducir el coste de las nulidades y entendía que esta era una forma de contribuir», manifestó el testigo. «Desde el principio, Ferrer me propuso destinar el dinero que yo le confiaba a otros gastos del tribunal. Pero yo le dije que no, que yo quería que se beneficiaran los litigantes», aclaró.

Las defensas, a cargo de los letrados Fernando Lacruz y José Luis Melguizo, recordaron que el tribunal eclesiástico de la Rota ya se pronunció sobre esta cuestión y exoneró a los ahora encausados, de ahí que pidan de nuevo su absolución. De hecho, según estas, no cometieron delito alguno.

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