La Audiencia Provincial sentó este jueves en el banquillo de los acusados al camerunés Ives Desire M. B., para el que la Fiscalía solicitó cinco años y tres meses de prisión como presunto integrante de una banda especializada en clonar tarjetas bancarias desarticulada a mediados de 2005 en Zaragoza. La Policía detuvo entonces tanto al encausado como a sus dos presuntos compinches, William M. O. y Robert O., pero los tres quedaron en libertad tras declarar en sede judicial y se dieron después a la fuga. De ahí que hasta ahora no se hubiera podido juzgar a ninguno.

El tribunal llegó a dictar una orden de busca y captura contra los delincuentes huidos, pero nada se supo de su paradero hasta el pasado mes de marzo, cuando una patrulla identificó a Ives Desire M. B. y saltó la alerta.

Cuando lo detuvieron en 2005, los agentes comprobaron que portaba una factura de 1.200 euros por la compra de un generador diesel en un comercio de la calle de Tarragona de Zaragoza. Según la Fiscalía, dicha operación y muchas otras se hicieron con tarjetas clonadas, la mayoría con datos robados de ciudadanos con residencia en los Estados Unidos.

Entre las compras fraudulentas que se les atribuyen figuran, por ejemplo, las que se efectuaron el 7 de junio de 2005 en un estudio de fotografía del paseo de Fernando el Católico, por importe de 750 euros; en una perfumería de Grancasa, donde gastaron 370 euros; o en un comercio de Las Delicias, donde adquirieron una desbrozadora por 315 euros. Los tres sospechosos utilizaron también las tarjetas que supuestamente fabricaban para abonar el hotel donde se alojaron o el coche que alquilaron para desplazarse hasta la capital aragonesa.

Durante el juicio celebrado ayer, el acusado negó haber utilizado datos de terceros para clonar tarjetas. Y lo cierto es que la Policía no le intervino a este el material que se requiere para ello.  En cualquier caso, la Fiscalía le imputa un delito de tenencia de tarjetas de crédito falsas, ya que cuando se le detuvo llevaba encima alguna.

En un principio, el ministerio público acusaba también al camerunés por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, pero acabó retirándolo. Por su parte, la letrada de la defensa, Eva Martín Blanco, solicitó la absolución. Primero, porque cree que su cliente no ha cometido ningún delito. Y, segundo, porque de haberlo hecho, dice, este habría prescrito, dados los 14 años transcurridos desde su primera detención.