El Ayuntamiento tendrá que devolver más de 13.000 euros a una comunidad del Actur por el 'catastrazo' de los garajes

Primer varapalo judicial al 'catastrazo' de los garajes. Una comunidad de vecinos del Actur acaba de ganar la primera sentencia contra la polémica subida que aplicó el Ayuntamiento de Zaragoza en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a doscientos estacionamientos comunitarios y que llegó a duplicar el importe del mismo.

El Consistorio tendrá que devolver 13.471,62 euros a la comunidad de propietarios de los números 33-41 de la calle de Pablo Iglesias, después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Zaragoza haya declarado nula la liquidación del IBI de 2018, que ascendía a 24.763,57 euros, apoyándose en  “el principio de igualdad y en a la improcedencia de la aplicación del tipo diferenciado” en el impuesto que disparó los recibos.

El fallo, que todavía no es firme y puede recurrirse en casación, puede abrir la vía a nuevas reclamaciones contra el Consistorio y dar inicio a un proceso de devolución de ingresos indebidos para el resto de comunidades de vecinos afectadas por no haber individualizado en su día sus plazas de garaje.

Al menos, hay otros dos casos más judicializados, según ha podido saber HERALDO, tras el reguero de recursos administrativos que provocó la medida en 2018 y que finalmente obligó al Ayuntamiento a dar marcha atrás en los recibos de este año. Se trata de sendas comunidades de propietarios en las calles de Vía Hispanidad e Ibón de Astún, con vistas previstas para noviembre y marzo.

La sentencia, que puede recurrirse en casación, es muy clara. Obliga al Ayuntamiento a anular la liquidación del impuesto de 2018 y a efectuar una nueva para devolver la diferencia a los 346 propietarios de plazas de garaje y trasteros de la finca. Y lo hace a partir de dos argumentos fundamentales.

Por un lado, señala que nunca debió aplicarse el gravamen diferenciado a los garajes mancomunados con valor catastral de más de un millón de euros. Porque “no solo es que el inmueble no sea un almacén”, como lo equiparó el Ayuntamiento para disparar los recibos, “sino que no es cierto que en la información o registro catastral se fije el uso principal como almacén”.

Recuerda que, según la ley reguladora de Haciendas Locales, el uso para garajes y trasteros en edificaciones residenciales, es “almacén-estacionamiento”, cuando la ordenanza municipal obvia esta segunda parte. E insiste: “El Ayuntamiento no puede apartarse de la información del Catastro”.

Por otra parte, el fallo asume por completo la vulneración al principio de igualdad que invocó la comunidad de propietarios en su recurso. Borja Sola y Mercedes Alonso-Genis, los abogados que han llevado el caso, apuntaron desde el principio “la injusticia” que suponía gravar más a ciertos garajes “solo porque no tuvieran segregadas o divididas las diferentes plazas”.

“Hasta 2006, este tipo de construcciones podían hacerse en proindiviso. Entonces, si la ley no les obliga a segregar las plazas, el Ayuntamiento no puede aprovechar para gravarlas y cargarlas con un tipo diferenciado que duplica el recibo”, subrayan los abogados.

Y así lo recoge la sentencia: “El Ayuntamiento es consciente de que está aplicando dos tasas distintas a plazas de garaje comunitarias con el mismo valor catastral. Lo único que diferencia a unos y otros es que unos no alcanzan el millón de euros por estar catastralmente individualizados”.

Para el juez, este sistema genera “una clara situación de desigualdad discriminatoria al aplicar un tipo impositivo incrementado a hechos imponibles iguales y genera una discriminación en relación a los garajes que sí están individualizados”.

Sola y Alonso-Genis se felicitan por una sentencia, que condena a costas al Ayuntamiento, y que ha supuesto “muchas horas de trabajo”. “Comenzamos recurriendo la liquidación con un recurso de reposición, pero agotada la vía administrativa, nos lanzamos al contencioso porque vimos que la situación era completamente injusta”, señalan. Ahora, esperan que muchas otras comunidades se animen reclamar para conseguir recuperar el dinero que les fue cobrado de más.

Precisamente, el nuevo alcalde, el popular Jorge Azcón, aseguró el lunes en un encuentro con los lectores de Heraldo.es que el Consistorio facilitaría la devolución de ingresos indebidos, en este caso, por el impuesto de plusvalía. 

El origen de la polémica

Tal y como publicó Heraldo, un cambio normativo impulsado por ZEC y apoyado por PSOE y CHA duplicó en 2018 el recibo del IBI a los garajes que no habían individualizado la propiedad de cada plaza y que tenían un valor catastral conjunto de más de un millón de euros.

En este supuesto, la Gerencia del Catastro (dependiente del Ministerio de Hacienda) los cataloga como almacén-estacionamiento. Y tirando de esa primera catalogación, equiparada a comercios y locales, y sin que el valor catastral hubiese cambiado, el Ayuntamiento pasó a aplicarles un tipo impositivo diferenciado muy superior al anterior, que era el general. El recibo se disparó finalmente un 115%.

Así, por ejemplo, un aparcamiento que antes tributaba por 25.000 euros, empezó a hacerlo por 54.000. La subida supuso que cada uno de los propietarios de las 310 plazas que conformaban el garaje empezaran a pagar casi 180 euros de IBI al año.

Aunque inicialmente de nada sirvieron las protestas de los afectados, ni las exigencias de rectificación por parte de los partidos de la oposición municipal, que tildaron la medida de “injusta”, finalmente el equipo de gobierno se vio obligado a reconocer su “error” meses después y dar marcha atrás.

Los recibos de este año para la inmensa mayoría de garajes mancomunados han vuelto a los importes anteriores al 'catastrazo'. Así lo confirma el presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Miguel Ruiz, que se congratula por la sentencia que da la razón a los vecinos y que, en su opinión, podrá permitir a muchas fincas reclamar las cuantías cobradas de más en su día.

“Era una medida injusta y desproporcionada, así lo denunciamos en su día desde el Colegio y llegamos a presentar alegaciones que nos fueron todas desestimadas. Afectaba a la mayoría de aparcamientos de la ciudad. Ahora, nos felicitamos de que la justicia nos dé la razón”, subraya.

Ruiz recuerda que llegaron a producirse casos de auténtico agravio, con garajes colindantes y recibos de IBI totalmente dispares, por el simple hecho de que en la promoción del edificio no se hizo la segregación de propiedad individualizada de cada plaza.

El presidente de los administradores ya anuncia nuevas reclamaciones. “El fallo nos da esperanza para conseguir recuperar el dinero pagado de más por los vecinos. Se trata de cantidades importantes y estamos en nuestra obligación de tratar de recuperarlo”, concluye. 

ZEC da por fin marcha atrás en el polémico catastrazo de los garajes