El Ministerio de Interior, a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), quiere impulsar el proceso de construcción de un nuevo acuartelamiento para la Guardia Civil de Valdespartera, así como impulsar la rehabilitación de las instalaciones de la Policía Nacional en Mayandía, que están muy deterioradas. Todo está a la espera de una próxima reunión entre el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y la presidenta del Siepse, la aragonesa Mercedes Gallizo.

La delegada del Gobierno, Carmen Sánchez, se reunió ayer con el regidor zaragozano para expresarle la necesidad de impulsar estas dos infraestructuras en el momento en el que el Gobierno central deje de estar en funciones. Calificó los dos proyectos como "muy importantes". "Son asuntos que atañen a esta ciudad y que venían reclamándose hace mucho tiempo", declaró.

En este sentido, citó el papel del Ayuntamiento a la hora de tramitar las licencias o facilitar los suelos, dado que el acuartelamiento de Valdespartera se proyecta sobre terrenos municipales. Jorge Azcón se mostró dispuesto a la "máxima colaboración" para desarrollar proyectos concretos y nuevas infraestructuras.

El proyecto de construir un nuevo cuartel de la Guardia Civil no es nuevo. Se remonta al año 2005, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza cedió unos terrenos en la entrada de Valdespartera al Ministerio del Interior (el alcalde era Juan Alberto Belloch y el ministro, José Antonio Alonso). El proyecto supondría la construcción de gran acuartelamiento de 57.500 metros cuadrados.

Hay una previsión económica de 17,2 millones de euros, incluidos en el Plan de Infraestructuras del Gobierno, que aprobó en enero de este año el Consejo de Ministros, y tiene un plazo límite para su utilización de seis años.

Reforma de Mayandía

El otro proyecto que citó Carmen Sánchez fue la reforma del cuartel de Mayandía, donde se encuentran las dependencias de Extranjería de la Policía Nacional, la comisaría Centro, Seguridad Ciudadana y todos los vehículos policiales de la Jefatura. Según fuentes de la Delegación del Gobierno aún está en fase de estudio de necesidades y no se pueden avanzar ni presupuestos ni plazos.

Las instalaciones, donde trabajan 650 personas, se encuentran en muy malas condiciones desde hace años. De hecho, en 2016 no superó la Inspección Técnica de Edificios, y el arquitecto en su informe expuso que el edificio necesitaría de una reforma valorada en 1,7 millones de euros para cumplir con todas las medidas de seguridad básicas.

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