Zaragoza

tribunales

Acusan a una funcionaria de la Seguridad Social de estafar a una profesora de religión

La empleada pública se ofreció a tramitarle su prejubilación por "vía eclesial" y le fue pidiendo dinero hasta obtener 31.600 euros. 

El sueldo medio anual de los aragoneses se situó en 2017 en 23.039,94 3,6 euros.
La acusada le fue pidiendo dinero a la denunciante hasta obtener 31.600 euros.
HA

Acudió a ella recomendada por una amiga y confió en su trabajo como funcionaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Estos dos factores fueron los que llevaron a una profesora de Zaragoza a recurrir a una empleada pública para que le ayudara a tramitar la documentación precisa para poder obtener su jubilación parcial. Sin embargo, según las conclusiones a las que ha llegado la Fiscalía y la acusación particular, no solo no le ayudó sino que le ha estafado 31.600 euros.

En concreto, la profesora quería saber qué tenía que hacer para lograr el reconocimiento de los servicios prestados a la Administración como docente de religión católica que fue desde el curso 1987/88 hasta el 1994/95.

La funcionaria del INSS, según las acusaciones, accedió a ayudar a la profesora, la cual desconocía completamente los procedimientos administrativos. Por eso y por el puesto de trabajo que ocupaba, no le extrañó que lo primero que le dijera fue que se iba a ocupar "personalmente" de su asunto, puesto que debía tramitarse por "vía eclesial" y ella tenía "contactos de confianza" dentro de la Iglesia. Al ver que se trataba de una funcionaria del INSS y su aparente buena fe, la mujer aceptó su propuesta, tal y como luego explicó la docente a la Policía y a la juez instructora del caso.

A partir de ese momento, la investigada empezó a pedirle dinero en concepto de "provisión de fondos", "suplir gastos de gestión", "apertura de expediente" y "honorarios de abogados", entre otras cuestiones. No obstante, según declaró, le aseguró en todo momento que le devolvería todos los importes adelantados. También le dijo que remitiría su caso a un sacerdote, del que solo le dio el nombre de pila.

Así, tal y como relató en su denuncia, desde febrero de 2018 hasta junio del mismo año le dio distintas cantidades hasta alcanzar un monto de 31.600 euros. Las entregas de dinero –que la profesora sacaba siempre de su cuenta corriente– se hacían en metálico, en persona y sin justificante. Según consta en conversaciones de Whatsapp que mantenían las dos mujeres –y que han sido aportadas a la causa– solían quedar en paradas de tranvía o en cafeterías.

En cada una de las citas, la acusada le decía que el dinero era para obtener la firma de alguien o que la persona de contacto se encontraba en Madrid y que por eso su expediente se encontraba parado. Conforme fue pasando el tiempo, la profesora empezó a desconfiar y cuando le pedía explicaciones le daba largas y excusas varias. Pese a ello, dado el interés en que tenía en que se tramitase su caso y en la errónea creencia de que no podía hacerse por vía administrativa, le siguió dando dinero.

Sin embargo, cuando a principios de junio de 2018 la acusada le solicitó un último pago de 3.900 euros que supuestamente iban a resolver definitivamente el expediente, la docente sufrió un ataque de ansiedad en su puesto de trabajo y tuvieron que llevarla al hospital. En esa época descubrió que la funcionaria había tenido deudas con la Agencia Tributaria.

Exigencias y llamadas

A estas circunstancias se añadían mensajes continuos de la acusada y llamadas, hasta cuatro diarias. Incluso cuando se negó a darle más dinero alegando que ya no tenía, le presionó para que pidiera un crédito personal. Ante sus exigencias de que le devolviera los 31.600 euros que finalmente le entregó a lo largo de esos meses, la encausada le dijo que era imposible recuperarlos sin antes cerrar el expediente para lo cual, obviamente, tenía que abonar otra provisión de fondos.

Para la Fiscalía y la acusación particular, a cargo del abogado Santiago Palazón, estos hechos constituyen un delito continuado de estafa. Mientras la fiscal pide tres años de prisión, el letrado solicita cuatro y una multa.

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