La Audiencia de Zaragoza juzgó ayer a un hombre de 70 años (L. B.) por abusos sexuales a un incapacitado, de 40, que está tutelado por el Gobierno de Aragón, por unos hechos ocurridos en una nave de Sobradiel en el verano de 2017.

El acusado explicó que hace seis años le dejó a la víctima "por caridad y compasión" una habitación para que durmiera en el local porque su padre había trabajado en la empresa y él no convivía con su familia por desavenencias. Su presencia facilitaba que no sufrieran robos y ayudaba al empresario, que había alquilado la nave a otra sociedad.

L. B. negó totalmente los hechos de haber abusado sexualmente del incapacitado, que estaba tutelado por el Gobierno de Aragón (como otras 900 personas). Declaró que es "mentira" porque además "no podía ocurrir" ya que él sufre "disfunción erectil" por la medicina que le recomendaba el médico para superar sus problemas de próstata, depresión e hipertensión. El facultativo que lo ha tratado lo confirmó ayer en el juicio.

El denunciante, que declaró detrás de una mampara y acompañado por un cuidador, explicó que el empresario le sorprendió en el baño, donde estaba afeitándose, lo cogió por detrás y lo penetró. Agregó que ya le hacía tocamientos cuando iban en el coche y le ponía películas porno en el despacho del acusado, situado en la misma dependencia y próximo a la habitación que le había cedido. "No me invento nada. No me gusta mentir", declaró el incapacitado, quien se calló y sufrió un pequeño desmayo al preguntarle el abogado defensor Enrique Trebolle si tenía relaciones sexuales con mujeres.

Después de pasar un fin de semana con un hermano que lo llevó a Salou, al que no desveló estos hechos, avisó a la tutora que tiene en la DGA para contarle lo sucedido y ella le acompañó a poner la denuncia ante la Policía. La tutora contó que lo trasladó al Hospital Clínico para que lo atendieran en urgencias, donde señalaron que tenía una fisura en el ano. Pero los tres forenses que prestaron declaración (José Manuel Arredondo, Salvador Baena y Pascual Querol) manifestaron que la víctima no sufrió un desgarro que produce una penetración anal violenta. Agregaron que su incapacidad mental es leve y que suele magnificar las cosas.

En esta misma línea se pronunció la psicóloga Cristina Andreu, quien valoró que el relato de la supuesta agresión sexual "es muy breve y pobre". "No se ve su comportamiento", agregó la psicóloga. "No se deja medir ni el coeficiente intelectual".

La fiscal pide 12 años y medio por la agresión sexual y la acusación, Iván Sanz, en nombre de la DGA, lo eleva a 18.

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