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El gobierno PP-Cs revisará el nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio

El PSOE pide la paralización del procedimiento de contratación ante las quejas sindicales.

Sara Fernández y Jorge Azcón, ayer después del traspaso de poderes de Santisteve.
Sara Fernández y Jorge Azcón, después del traspaso de poderes de Santisteve.
Oliver Duch

El gobierno municipal PP-Cs tiene previsto revisar los pliegos del servicio de ayuda a domicilio, uno de los más importantes que gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza, ante las quejas de los sindicatos. Así lo anunció ayer el nuevo concejal de Acción Social y Familia, Ángel Lorén, tras la exigencia del grupo del PSOE de que se paralice la licitación y se incorporen las previsiones del convenio colectivo provincial pactado entre la patronal y los representantes de los trabajadores.

Con cuatro años de retraso y después de haber sido anulado en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa), el anterior gobierno de ZEC sacó a concurso este contrato a pocos días de las elecciones municipales. El coste era de 19,9 millones de euros por cuatro años de servicio y, aunque se incorporaban las previsiones del Tacpa, los sindicatos mantenían su rechazo a las previsiones económicas.

Los representantes de las trabajadoras, unas 900 en total, se han dirigido estos días tanto al nuevo gobierno como al PSOE. Sin apenas margen para que la coalición PP-Cs empezara a rodar, la portavoz socialista, Pilar Alegría, se estrenó como líder de la oposición y reclamó la paralización y desestimación de los pliegos con el objetivo de sacarlo de nuevo a concurso.

Según Alegría, el precio-hora que incluyen los pliegos "no es suficiente para aplicar las mejoras económicas y sociales del convenio". "ZEC licitó este servicio a espaldas de los trabajadores, sin recoger sus demandas", declaró la edil socialista, que recordó que el servicio de ayuda a domicilio es un trabajo "feminizado y precarizado". El nuevo convenio recoge un aumento del 20% en las retribuciones salariales, dado que muchas de las trabajadoras tienen contratos parciales con salarios por debajo de los mil euros.

Malestar en el PP

La exigencia del PSOE molestó a Ángel Lorén, que esta misma semana, antes de su nombramiento como responsable de Acción Social y Familia, se reunió con los representantes sindicales de UGT y CC. OO. para abordar este asunto. "La señora Alegría ha precipitado sus declaraciones y debería dejar que el gobierno estudie un problema heredado", afirmó Lorén, que recordó la participación del PSOE como socio de ZEC durante la pasada corporación.

"La voluntad del gobierno es resolver ese problema", afirmó el concejal de Acción Social, que en su etapa en la oposición ya criticó este contrato. "Tenemos previsto estudiarlo con seriedad y hay un compromiso personal mío con las trabajadoras. El pliego fue paralizado por el Tacpa porque era demasiado evidente que no contemplaba las demandas de las trabajadoras", señaló. "El gobierno lo va a estudiar y a plantear una solución con la urgencia que requiere este tema", apuntó.

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