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Urbanismo reclama la propiedad de un solar por el que unos particulares exigen 7,5 millones

ZEC decide no expropiar el terreno y acuerda iniciar el proceso que podría acabar en los tribunales.

Parte de la parcela situada junto a la calle de la Cuarta Avenida, cuya propiedad reclama el Ayuntamiento.
Parte de la parcela situada junto a la calle de la Cuarta Avenida, cuya propiedad reclama el Ayuntamiento.
Toni Galán

Pese a haber sufrido tres reveses judiciales, el gobierno de ZEC en el Ayuntamiento de Zaragoza acaba de reiniciar el procedimiento para reclamar la propiedad de unos terrenos del barrio de Torrero que quiso expropiar en 2006 y por el que los particulares que tenían la titularidad catastral del solar le exigieron 7,5 millones de euros. ZEC rechazó el pasado 3 de mayo las alegaciones presentadas y abrió el proceso para desistir de la expropiación y recuperar la propiedad sin desembolso económico. Por su parte, la familia que tiene registrada la parcela dejó claro que mantendrá la pelea judicial.

El suelo tiene 8.810 metros cuadrados y está ubicado entre la calle de la Cuarta Avenida, junto al campo de fútbol José Luis Violeta. La parcela se vio afectada por el proyecto de acondicionamiento del Canal Imperial, que se puso en marcha con motivo de la Expo 2008 y que en la actualidad es una zona verde del barrio. En 2006 se aprobó la relación de afectados por la expropiación, entre los que se encontraba la familia afectada por el conflicto y que tenía registrado el terreno tanto en el Catastro como en el registro de la propiedad.

Tras fijarse un justiprecio de casi 7,5 millones por parte de los propietarios y con los trámites expropiatorios en marcha, los servicios municipales expresaron sus dudas y consideraron que el suelo podría ser municipal. El proceso se detuvo y la familia afectada acudió a los tribunales, que le dieron la razón y concluyeron que se debía reiniciar el proceso expropiatorio ante la "indefensión" en la que habían quedado los afectados.

En 2012, con el PSOE en el gobierno, el Ayuntamiento inició un proceso similar al impulsado el pasado 3 de mayo, que finalmente fue recurrido y declarado nulo por la omisión del periodo probatorio en la investigación de los bienes en discusión. El Ayuntamiento retomó el expediente en 2014, después del revés judicial, pero los tribunales le volvieron a dar la razón en parte a los propietarios, en esta ocasión por haber caducado el expediente. No obstante, sí tomó en consideración algunos de los argumentos municipales.

La familia que tiene el terreno en propiedad llegó a plantear un acuerdo amistoso, que fue informada favorablemente por la Asesoría Jurídica municipal y por el servicio de Administración de Suelo y Vivienda. En total, reclamó una indemnización de 785.092 euros.

Sin embargo, el Ayuntamiento incoó a principios de este año el expediente de investigación de nuevo, en ejecución de la sentencia de 2015, a la que los propietarios del terreno presentaron alegaciones, que el Ayuntamiento desestima para proceder a la interposición de una acción declarativa de dominio sobre la parcela con el objetivo de hacerse con la titularidad catastral.

El Consistorio sostiene que el terreno forma parte del monte ‘Restos de Torrero’, que está inscrito a nombre del Ayuntamiento en el registro de la propiedad. Cita que es un bien de la ciudad desde 1124, "en virtud de los privilegios otorgados por el rey Don Pedro de Aragón", según figura en el informe municipal.

Niega que esa finca haya sido propiedad privada "nunca" y que allí existe un pinar municipal desde los años 40, además de mobiliario urbano. Insiste en que es una zona verde pública, y por tanto un bien de dominio público. Considera que se ha dado un caso de "doble inmatriculación", por lo que defiende pelear por la modificación de la titularidad catastral. En las alegaciones de los particulares se alude a que existe título de propiedad debidamente inscrito en el Registro y en el Catastro.

A la espera de que prosigan los trámites, fuentes de la familia titular de los suelos anuncian que presentarán recurso de reposición, paso previo a un nuevo contencioso. "Preveíamos el final de este expediente administrativo, porque el Ayuntamiento es juez y parte. Estamos dispuestos a continuar judicialmente hasta donde haga falta", declararon.

Pese a todo, la posibilidad de un acuerdo no está cerrada del todo, a la espera de que el nuevo gobierno tome posesión el próximo 15 de junio. "Confiamos en que la nueva corporación que se forme tenga la sensibilidad para retomar una solución extrajudicial", concluyeron.

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