DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
Juzgados por presuntos vertidos en un yacimiento protegido de Botorrita
El Gobierno aragonés pide sendas de penas de 4 años de prisión para dos empresarios a los que acusa de arrojar escombros en una zona considerada Bien de Interés Cultural (BIC), lo que ellos niegan.
Dos empresarios vinculados al sector de la construcción, C. M. T. y M. A. H., se sentaron ayer en el banquillo de los acusados como presuntos autores de un vertido ilegal y continuado de escombros en el perímetro del Cabezo de Las Minas de Botorrita, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por conservar restos de un asentamiento de la Primera Edad del Hierro. Será hoy, durante la segunda sesión del juicio, cuando las partes presenten sus calificaciones definitivas. Inicialmente, la Fiscalía solicita penas de año y medio de prisión para cada uno de los encausados, mientras que el letrado que ejerce la acusación particular en nombre del Gobierno aragonés eleva la petición de cárcel a cuatro años.
Para la defensa, a cargo de letrada Carmina Mayor, ninguna prueba existe de que estos empresarios arrojaran restos de hormigón u otros vertidos industriales en el entorno del yacimiento, por lo que pide la absolución. De hecho, entiende que los hechos por los que ahora se les juzga ya fueron objeto de otro procedimiento y deberían considerarse causa juzgada. Como cuestión previa a la vista, la abogada alegó también la posible prescripción del delito contra el Patrimonio Histórico que se les atribuye.
Como recordó la Fiscalía, las diligencias de este caso son consecuencia de la inspección que la Guardia Civil cursó a las ruinas el 8 de octubre de 2015. Los agentes comprobaron que la fábrica de bloques de hormigón que existe dentro del perímetro del yacimiento estaba en "plena actividad", cuando la ampliación de la protección de las ruinas, en el año 2013, le obligaba a cesar todo tipo de tareas.
La Guardia Civil encontró allí a tres operarios que dijeron trabajar para una empresa del acusado C. M. T., pero este negó ayer que eso fuera verdad. "Nuestro negocio estuvo abierto hasta 2011, cuando me enteré a través de una sentencia que se había ampliado la protección del yacimiento. Porque llevábamos instalados en el cabezo desde hacía años y la DGA nunca nos envió ningún aviso. Lo único que nos han mandado son denuncias", declaró el encausado, negando haber hecho allí vertidos ilegales desde que lo juzgaron por esto mismo. "Esos vertidos serán los de antes de 2011, porque nosotros no hemos vuelto a echar nada", insistió.
Preguntado por si tenía o tiene alguna relación personal o profesional con el otro investigado, C. M. H. dijo que no. A este segundo la Fiscalía y la DGA lo han sentado en el banquillo porque es el dueño de la maquinaria que la Guardia Civil encontró en funcionamiento. Preguntado al respecto, el empresario explicó que la compró en una subasta pública y la llevó a Botorrita con intención de iniciar un negocio de fabricación de bloques de hormigón en las instalaciones de otra empresa que cerró. "Lo único que hice fue ponerla en marcha para hacer unas pruebas, pero nunca montamos el negocio", se justificó.
