tribunales en zaragoza
"Mi marido salió del hospital sin piernas y tuvo que subir a casa a rastras un mes"
Un amputado lleva a juicio a su comunidad de vecinos por negarse a pagar el elevador que tuvo que instalar en las escaleras que dan acceso a su piso, en una urbanización del barrio del Actur de Zaragoza.
Eugenio Rodríguez y su mujer son propietarios de una de las 144 viviendas que componen el conjunto residencial ubicado en la esquina de las avenidas de Salvador Allende y Valle de Broto, en el barrio de Actur de Zaragoza. Se trata de una construcción singular con amplios espacios abiertos y sin barreras arquitectónicas que limiten el acceso a los distintos edificios. Sin embargo, el 90% de los pisos están a diferente altura de los pasillos y para entrar en ellos sí que es obligatorio subir o bajar –según el caso– un pequeño tramo de ocho escalones.
Hasta el verano de 2017, esto no había supuesto ningún problema para la pareja, casada y con dos hijos. Pero a Eugenio le sobrevino en aquellas fechas una enfermedad vascular que obligó a amputarle ambas piernas en una semana. Y a partir de entonces aquellas pequeñas escaleras se convirtieron en una gran montaña.
"Mi marido salió del hospital sin piernas y tuvo que subir a casa a rastras durante casi un mes", explicó ayer muy gráficamente Eva López, la mujer del vecino discapacitado durante el juicio que servirá para dirimir a quién corresponde pagar el elevador que hubo que instalar delante de la casa de Eugenio. Según el propietario, estas escaleras son un elemento común de la finca, por lo que debe ser la comunidad de vecinos quien sufrague la obra. Pero no lo entiende así esta, que alega que, a diferencia de las escaleras generales, los únicos que utilizan estos escalones son los propietarios de cada piso y su uso debe considerarse por tanto "privativo".
La intención de Eugenio, que tenía 44 años cuando perdió las piernas, era costearse con sus propios medios las dos sillas salvaescaleras que necesitaba: una fuera de casa y otra dentro, ya que el salón y la cocina también están a distinta altura que las habitaciones. De hecho, fue su mujer quien, mientras él estaba hospitalizado, se encargó de pedir presupuestos, encargar los trabajos y abonar inicialmente las facturas. Sin embargo, la "pasividad" e "inacción» que achacan a la comunidad de vecinos les abocaron a llevar el asunto a los tribunales.
Una junta cinco meses después
El abogado Víctor Laguardia, que representa al matrimonio, recordó ayer al titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 –encargado de dictar sentencia– que fue en junio de 2018 cuando apremiaron a la comunidad para que convocara una junta extraordinaria de cara a solucionar el problema antes de que Eugenio volviera a casa. "Pero este hombre recibió el alta el 2 de agosto y no habían hecho absolutamente nada. De hecho, la junta no se convocó hasta el 21 de noviembre", indicó.
El abogado Fernando Alcusón, que defiende los intereses de la comunidad, se mostró también vehemente. "Aquí no estamos hablando de un conjunto de vecinos malvados e insensibles al problema de esta persona. Se debate una cuestión técnica en una esfera totalmente privada", manifestó. Para este, no hay duda de que las escaleras de acceso al piso del demandante tienen un uso privativo. Y para tratar de acreditarlo, recordó que el servicio de limpieza no incluye ni estos escalones ni los que existen en el acceso a la mayoría de pisos. Explicó también que la luz de estas escaleras se enciende desde el interior de las propias viviendas.
Los dos peritos que comparecieron en la vista, uno por cada parte, llegaron a conclusiones distintas sobre quién debe de pagar el elevador en cuestión. En cuanto al administrador de la finca, dijo que siempre trató de evitar el pleito, sin dejar de reconocer que se trata de "un asunto complejo que marcará un precedente".
