Sucesos en Zaragoza
Un machetazo letal que costaría 25 años de cárcel se castigará con un máximo de 8 de internamiento
Los 9 meses que le faltaban al acusado del crimen de la calle Princesa para cumplir la mayoría de edad le pueden dejar libre con 25 años, pese a que la Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de asesinato.
Concluida la instrucción de caso, la Fiscalía acaba de calificar de asesinato la trágica muerte del joven Sami Hamidi, de 20 años, al que un machetazo de 14 centímetros en el muslo derecho perpetrado a las puertas de una discoteca latina de la calle Princesa de Zaragoza terminó costándole la vida. De haber sido el agresor un adulto, el juicio se hubiera celebrado ante un jurado y le podrían haber condenado a una pena de hasta 25 años de prisión, ya que la Policía habla de agravantes de premeditación, ataque sorpresivo e incluso imposibilidad de defensa por parte de la víctima.
Sin embargo, al presunto responsable de esta brutal agresión le faltaban 9 meses para cumplir la mayoría de edad, circunstancia que obliga a juzgarlo a puerta cerrada y limita considerablemente el castigo a imponer. De hecho, la Fiscalía propone una medida de internamiento en régimen cerrado de siete años y medio y la acusación particular, de ocho años , el máximo que permite la ley.
Por unos hechos de los que justo ayer se cumplieron seis meses fueron detenidos cuatro jóvenes, aunque podría haber otros dos implicados a los que nunca se logró identificar. Entre los primeros figuraban tres menores y un adulto, pero la causa penal contra este último se instruye de forma independiente en el Juzgado de Instrucción número 7 y tardará más en enjuiciarse.
Los primeros en sentarse en el banquillo de los acusados ante un juez de menores serán F. G. S., quien supuestamente empuñaba el arma homicida; y A. H. B. y J. J. R., a los que se acusa de ayudar a acorralar a la víctima e impedirle la huida. A los dos colaboradores les faltaba algún tiempo más que al presunto autor para rebasar la barrera de los 18 años. Así, A. H. B. tenía 16 años y 5 meses cuando se produjo el crimen, mientras que J. J. R. apenas contaba con 15 años y un mes.
Atendiendo a esta diferencia de edad, el ministerio público pide para el mayor de los cómplices 6 años de internamiento y para el otro, cuatro años y medio. El abogado Carlos Vela, que representa a la familia del fallecido, propone medidas algo más severas: ocho años para uno y cinco para el otro.
Piden un millón de euros a los padres
Pero además de a la medidas de internamiento cerrado en el centro de reforma de Juslibol, los tres menores se enfrentan a una indemnización de hasta un millón de euros, porque esa es la suma que reclama la acusación particular. Y, en caso de condena, no serán ellos los únicos que tengan que responder, ya que también sus padres deberán hacerlo de forma solidaria con su patrimonio.
Ni la abogada Carmen Sánchez, que representa al presunto autor material del asesinato, ni las otras dos defensas, de las que se encargan Noelia Liroz y María Pilar Alda, han trasladado aún sus escritos de calificación. En cualquier caso se prevé que lo hagan en breve, por lo que el juicio podría celebrarse antes de las vacaciones de verano.
Nada justifica un crimen como el que segó la vida a Sami, pero causa todavía más estupor saber que, según las acusaciones, el agresor preparó la emboscada mortal al joven por una vieja discusión que habían mantenido durante el verano anterior. Para garantizarse el resultado, F. G. S. se valió de un machete de 45 centímetros con doble hoja que los investigadores nunca pudieron recuperar. En cualquier caso, las declaraciones de los testigos y la enorme herida que provocó el arma en la pierna de la víctima –le alcanzó la femoral, haciendo que se desangrara–, descartaron que se tratara de un simple cuchillo.
A diferencia de la Fiscalía, el abogado de la familia del fallecido está convencido de que los cuatro investigados estaban vinculados a la banda latina Dominican Don’t Play (DDP), organización ilegalizada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2013 y que supuestamente les habría dado protección. Así, la acusación particular dice que, aquella madrugada, en el entorno de las calles Princesa y Dato, había numerosos miembros de la banda. "Permanecieron vigilantes desde su posición, sin intervenir activamente pero dando cobertura (...) para acabar violentamente con la vida de Sami Hamidi", señala el letrado Carlos Vela, quien además de por asesinato acusa por pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas.
