Sergio Castro Lahuerta y su socio Sergio Olmos fueron juzgados este miércoles por un delito de fraude de subvenciones por un importe de 800.000 euros. Ambos se enfrentan a una petición de condena de tres años de prisión. No obstante, sus respectivas defensas solicitan para ambos la absolución argumentando que no hubo ánimo de engañar sino que se trató de un negocio fallido.

Según la Fiscalía y la abogacía del Estado, en 2011, Castro (ya condenado por estafa) y su socio percibieron 800.000 euros del Ministerio de Industria para construir en Ejea de los Caballeros unas instalaciones de calderería y soldadura. El dinero tenía que ser invertido en comprar terrenos, levantar naves y equiparlas con maquinaria. Sin embargo, en junio de 2012, al no justificar ninguno de los gastos, Industria revocó el préstamo y les reclamó el dinero más 42.769 por intereses.

La Policía averiguó que los acusados gastaron buena parte de ese dinero en comprar acciones, devolver préstamos anteriores, comprar equipos informáticos y viajes a Ucrania, entre otras cosas. También alquilaron una oficina en el centro de Zaragoza con siete despachos, dos salas de juntas, una sala de ventas y una de dirección. Igualmente, no reparaban en vivir con lujo y, como ejemplo y según constató un policía del Grupo de Delitos Económicos, en una ocasión Sergio Castro pagó en un restaurante 1.000 euros por un canelón y una botella de vino.