La amenaza de recurso judicial por parte del Gobierno de Aragón ante las posibles irregularidades detectadas en la subasta de suelos del plan de los depósitos de Pignatelli ha caído en saco roto. El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene su hoja de ruta y no paralizará la licitación necesaria para la construcción de 77 viviendas libres, un paso clave en el proyecto urbanístico estrella del gobierno de ZEC. El concejal municipal del área, Pablo Muñoz, califica las trabas de la DGA como de "clarísimo ataque político" en vísperas de la cita electoral de mayo y asegura que el plazo para acudir a los tribunales "ha expirado".

Tal y como adelantó este periódico, el Gobierno de Aragón ha comunicado al Consistorio que la subasta de suelos para la construcción de viviendas libres en los antiguos depósitos de Pignatelli "infringe el ordenamiento jurídico". En concreto, la DGA advierte de que la licitación, mediante la fórmula de permuta a cambio de urbanizar la zona y ejecutar varios equipamientos públicos así como otras 30 viviendas protegidas, no cuenta con su visto bueno incorporado en el expediente.

Y no lo tiene porque, según la Dirección General de Administración Local, en el pliego no se han fijado a los candidatos unos "plazos máximos para la realización de las obras de urbanización y edificación", así como "los precios máximos de venta o arrendamiento de las edificaciones resultantes". La DGA exige por todo ello la anulación del proceso antes de treinta días o advierte de que podría acudir a los tribunales.

Sin embargo, el titular de Urbanismo del Consistorio apunta que la normativa vigente estipula un periodo de dos meses para recurrir la licitación y, en este caso, el acuerdo municipal que le dio luz verde firmó el 31 de enero.

En cualquier caso, desde el gobierno de ZEC niegan la mayor, y consideran que el Gobierno de Aragón "no tiene una posición de tutela sobre el Ayuntamiento, que posee plena capacidad para decidir qué hacer con su patrimonio".

Muñoz asegura que la operación de los depósitos no requiere del visto bueno del Gobierno de Aragón, sino que solo se exige una simple notificación, algo que el Consistorio hizo. Además, el edil denuncia que "es la primera vez desde que existe la actual legislación que la DGA se mete a pedir una autorización previa en una enajenación", una decisión del Ejecutivo autonómico en la que ve un "clarísimo ataque político contra ZEC", a menos de dos meses de las elecciones municipales.

La subasta de suelo cerró el plazo para presentar ofertas la semana pasada. Siempre y cuando el Gobierno de Aragón no lo impida en el juzgado, la tramitación seguirá adelante con el objetivo de adjudicar el concurso en "dos o tres meses" para iniciar las obras a finales de este año.