El proyecto urbanístico estrella del gobierno de ZEC en estos cuatro años de mandato acaba de sufrir un traspié. El Gobierno de Aragón ha comunicado al Ayuntamiento de Zaragoza que la subasta de suelos para la construcción de 77 viviendas libres en los antiguos depósitos de Pignatelli presenta varias irregularidades que impiden seguir adelante con la venta de las parcelas. De hecho, desde la Dirección General de Administración Local advierten a los responsables municipales en un informe al que ha tenido acceso este periódico que de no anular el proceso, que "infringe el ordenamiento jurídico", lo impugnarán en los tribunales.

En concreto, la DGA advierte de que la subasta de los suelos, mediante la fórmula de permuta a cambio de urbanizar la zona y ejecutar varios equipamientos públicos así como otras 30 viviendas protegidas, no cuenta con su visto bueno incorporado en el expediente. Según la normativa vigente, este tipo de procesos de enajenación de parcelas requieren de una resolución expresa de ‘toma de conocimiento’, un acto formal por el cual la Administración autonómica se da por enterada de la tramitación "sin que pueda considerarse suficiente la mera comunicación", detalla el escrito remitido al Consistorio.

Los responsables municipales alegan a la DGA que ese trámite "vulneraría el principio de autonomía municipal", pero en el Gobierno de Aragón tienen claro que la normativa vigente está de su lado, e incluso aportan alguna sentencia previa del Tribunal Constitucional que avala sus tesis.

Pero este no es el único incumplimiento que desde la DGA achacan al proceso de subasta iniciado por el Ayuntamiento el 1 de febrero de este año y cuyo plazo para presentar ofertas concluyó la semana pasada. También apuntan a varias irregularidades en las propias cláusulas de la licitación, como por ejemplo, que no se haya fijado a los candidatos unos "plazos máximos para la realización de las obras de urbanización y edificación", así como "los precios máximos de venta o arrendamiento de las edificaciones resultantes". De hecho, advierten de que "las mejoras en los plazos y en los precios antes señalados deberán ser tenidas en cuenta a la hora de determinar la mejor oferta".

De nuevo discrepan los técnicos municipales, pues consideran que ya se exige al adjudicatario un estudio inicial en el plazo máximo de seis meses. Eso sí, reconoce el Ayuntamiento, a través de un informe del director de Estudios y Programas de Suelo y Vivienda, que en estos momentos no puede fijar plazos máximos para las obras puesto que la redacción del proyecto de urbanización de las parcelas ni siquiera existe, al estar todavía en licitación.

Por todo ello, el Gobierno de Aragón considera que el proceso de enajenación puesto en marcha por Zaragoza "infringe el ordenamiento jurídico", así que insta al Ayuntamiento a una anulación del acuerdo municipal que "deberá adoptarse en el plazo máximo de un mes". De no ser así, la DGA advierte de que "podrá impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa".