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Zaragoza

tribunales en Zaragoza

El informático investigado por filtrar un examen del Salud a su mujer lo niega todo ante el juez

El funcionario, suspendido provisionalmente de empleo por una falta muy grave, no quiso responder a ninguna pregunta.

Miles de personas en las oposiciones de auxiliar administrativo del Salud
Imagen de archivo de una de las últimas oposiciones del Salud en Zaragoza
Toni Galán

El informático del Hospital Miguel Servet Antonio L. M. expedientado por la presunta filtración del examen de una oposición del Salud a su mujer –que obtuvo la mejor puntuación de la prueba– compareció ayer por primera vez en calidad de investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza. Pero su comparecencia no sirvió para despejar las sospechas que existen sobre él y que llevaron a la DGA a proponer su separación del servicio –pérdida de condición de funcionario– por una falta disciplinaria muy grave.

Según ha podido saber HERALDO, el encausado no quiso contestar a ninguna pregunta, ni del juez instructor ni del abogado de la Comunidad Autónoma, y se limitó a negar los graves hechos que se le atribuyen. Tras estudiar la información que le remitió el Salud, la Fiscalía Provincial decidió denunciar al funcionario por la vía penal como presunto autor de un delito de revelación de secretos que podría conllevar varios años de prisión. Y lo hizo porque entiende que se aprovechó de su cargo y su libre acceso a los sistemas informáticos del hospital Miguel Servet para localizar y consultar de forma ilícita al archivo que contenía las 110 preguntas del examen.

Sin embargo, durante su breve estancia en el juzgado, acompañado por su abogado, Javier Osés, el informático insistió en que ni accedió a ningún examen ni se lo facilitó después a nadie. Una vez escuchada la versión de Antonio L. M., el instructor deberá decidir ahora a quién llama a declarar. De momento, no hay señalado ningún interrogatorio a corto plazo, pero lo lógico sería que pasaran por la Ciudad de la Justicia tanto la esposa del encausado –que tan solo falló dos de las preguntas del examen– como los especialistas informáticos que analizaron el ordenador del que fue robado el examen y siguieron el ‘rastro’ hasta dar con el presunto autor de la filtración.

Perplejidad del tribunal

Los hechos que dieron a la apertura de esta causa penal se remontan al 10 de mayo de 2018, fecha en que se publicó la relación de opositores que habían superado la fase de oposición para contratar nuevos facultativos especialistas para el área de Nefrología. El hecho de que una de las aspirantes acertara 108 de las 110 preguntas del test dejó perplejos a varios miembros del tribunal calificador, que ante la sospecha de que hubiera producido algún tipo de filtración decidieron dar cuenta a la Dirección de Recursos Humanos del Salud.

"Queda probado por la trazabilidad de registros de los informáticos que tuvo acceso al examen"

La DGA inició entonces una investigación interna que terminó señalando como presunto responsable de la filtración a Antonio L. M., "pues queda probado por la trazabilidad de registros de los informáticos que tuvo acceso al examen del ejercicio que se realizó el 23 de febrero de 2018". Así lo indica el director gerente del Salud, Javier Marión Buen, en la resolución en la que se acordaba la suspensión provisional de funciones del expedientado.

La versión del investigado

En su día, Antonio L. M. ya negó ante la instructora del expediente disciplinario todos los hechos que se le atribuyen. Para este, la acusación se basa únicamente en «suposiciones». Asegura también que se ha vulnerado "de forma deliberada" la legislación al no respetarse, según él, la cadena de custodia de las pruebas. "Alguna de las supuestas pruebas que presentan se pueden fabricar en menos de un minuto. Por ejemplo, cambiando la fecha del PC y creando un fichero con el nombre de 'examen' y abriéndolo", decía el ahora investigado al formular sus alegaciones.

De momento y dada la gravedad de los hechos, la DGA mantiene apartado provisionalmente de su puesto al funcionario. Al haberse judicializado el caso, la Administración aguardará ahora a que la Justicia se pronuncie. Y solo cuando se produzca una resolución –en forma de sobreseimiento del caso o condena– se elevaría a firme la propuesta de sanción administrativa: pérdida de la condición de empleado público.

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