Luchar contra la administración siempre es una tarea agotadora de resultados inciertos. El administrado no solo gasta dinero y tiempo en intentar cambiar una decisión que considera injusta sino también una gran cantidad de energía para sortear los agotadores obstáculos burocráticos.

Eva S. R. es una zaragozana que está en plena batalla contra el Ayuntamiento de Madrid. Lleva ya casi tres meses tratando de demostrar que nunca ha estado en la capital de España con su vehículo y que, por lo tanto, no es merecedora de una sanción por mal aparcamiento.

El Consistorio madrileño le notificó en diciembre de 2018 una multa de 200 euros por estacionar sin autorización en un área de prioridad residencial y en un espacio para personas de movilidad reducida en la calle de Azcoitia. La infracción la había cometido presuntamente el martes 7 de noviembre con su Opel Astra y, según la notificación, coincidía la matrícula, marca y modelo.

En cuanto la recibió, la recurrió alegando que tenía que tratarse sin duda de un error, ya que nunca ha ido a la capital de España con vehículo, su residencia habitual y su trabajo está en Zaragoza, al que además se desplaza diariamente con su turismo, y no había perdido de vista este último ni se lo había dejado a nadie en esas fechas.

"Les dije que era imposible que ese coche fuera el mío y les pedí que me enviaran un documento que justificase la sanción y una foto en la que se mostrara la matrícula y el vehículo", explica Eva S. R. "Me contestaron que ellos no tenían que demostrar nada y que era yo la que debía probar que no era mi coche. Entonces les envié un certificado de mi empresa en el que se indicaba que tanto ese día como el siguiente estuve trabajando en Zaragoza", afirma. También les adjuntó un extracto de la cronología de sus movimientos captados por el GPS de Google maps de su teléfono móvil. "La geolocalización me sitúa en Zaragoza y con mi coche", manifiesta la joven.

A pesar de ello, la respuesta que recibió del Ayuntamiento fue que eso no era una prueba y que la sanción seguía siendo firme. Le recordaban, además, que las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad encargados del tráfico en el ejercicio de sus funciones tienen valor probatorio, salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados. "De esta manera, prevalecen las manifestaciones del agente denunciante como testigo imparcial y cualificado de los hechos que se observa y se limita a denunciar (...)", mantiene el Consistorio. Tras estas explicaciones, añade que la interesada no ha aportado pruebas suficientes que desvirtúen las existentes.

Eva S. R. señala que no puede demostrar más cosas y que incluso había pensado en las cámaras de seguridad del garaje, pero no las puede conseguir porque con tanto tiempo no se guardan. "Sientes una gran impotencia y te ves indefensa ante la burocracia y la Administración", manifiesta. Señala que el problema no es económico pues, aunque no es de agrado, puede hacer frente perfectamente al abono de los 200 euros. "Pero no quiero porque me parece totalmente injusto que tenga que pagar por algo que no he cometido", resalta.

La zaragozana critica que el Ayuntamiento no le haya mandado aún el boletín de la denuncia ni una fotografía del coche.

Eva S. no se desanima y explica que todavía le queda la posibilidad de un recurso extraordinario de revisión. "Me dijeron que lo siguiente es acudir a los tribunales y presentar un recurso Contencioso-Administrativo y que tengo que contratar un abogado y un procurador preferiblemente en Madrid", explica. Esta última vía es, como también le indicaron, la que disuade a muchas personas de seguir peleando y emprender un pleito por los gastos que genera.