El juez investiga si hubo irregularidades en la cesión del antiguo instituto Luis Buñuel

Los tribunales están investigando si la controvertida cesión del Luis Buñuel por parte del gobierno de ZEC al colectivo que lo gestiona fue legal. El juez que admitió a trámite la demanda de la plataforma Escuela y Despensa acudirá en los próximos días a hacer una inspección ocular pericial para comprobar que el Centro Social Comunitario utiliza únicamente los espacios cedidos (la planta baja del edificio y el patio) y cumple con los horarios y las actividades que se estipularon en el convenio. La citada plataforma considera que la regularización decidida por acuerdo de gobierno en marzo del año pasado fue "arbitraria" y vulneró sus derechos fundamentales y los de otros colectivos interesados en el centro.

La cesión se hizo sin concurrencia por lo que el contencioso pone en cuestión el procedimiento establecido. Más aún cuando tanto el alcalde Pedro Santisteve como la edil Elena Giner formaron parte del colectivo Dale Vida al Luis Buñuel, que fue el germen de la asociación Centro Social Comunitario Luis Buñuel, actual gestora del equipamiento. La oposición municipal tildó en su día de "cacicada" el convenio que legalizaba los usos, pero ZEC insistió en que se trataba de "una experiencia de gestión participada para un equipamiento público".

Aunque en julio de 2018 el juzgado denegó las medidas cautelares solicitadas por los demandantes, el magistrado sí accede a las peticiones de medios de prueba para tratar de comprobar si efectivamente los usos que se están dando al Luis Buñuel cumplen con lo dictado en el convenio. Por un lado, pide información documental sobre las declaraciones a Hacienda del Centro Social Comunitario entre 2013 y 2018. Por otro, requiere que se justifique, a través del censo, la vinculación de los 84 socios gestores del centro con el Casco Histórico. También accede a que se examinen "personalmente" las instalaciones del edificio para poder juzgar si los usos se ciñen a "las razones de utilidad pública y sin ánimo de lucro que fundamentan la cesión".

Ánimo de lucro

Para los representantes de Escuela y Despensa, hay incumplimientos del citado convenio en cuestiones de horarios (son recurrentes las quejas vecinales por ruido) y en el hecho de que la oficina del Plan Integral del Casco Histórico no se ha trasladado a la plaza de Santo Domingo. Critican también que los ocupantes realizan actividades con ánimo de lucro como talleres por los que se cobra entrada o mercadillos en el patio, que ellos mismos promocionan por sus redes sociales y que han generado incluso quejas de los vendedores del rastro.

Escuela y Despensa, que presentó el contencioso en base a un dictamen jurídico que encargó el grupo municipal del PP, aspira a que se anule la cesión del centro porque "los procedimientos administrativos que siguió ZEC fueron irregulares". Su portavoz, Pedro Martínez, apuntaba ayer que en el Luis Buñuel se hacen actividades "de sesgo político" cuando el convenio solo contempla contenidos "socioculturales". En el pleno municipal se ha debatido la conveniencia de charlas como las del rapero Pablo Hasel, condenado por enaltecer el terrorismo, o la exgrapo Carmen López Anguita cuando los usos del centro deberían ser únicamente socioculturales.

Martínez recuerda que en el Casco viven 46.000 vecinos y que no se ha contado con la opinión de entidades (las asociaciones de vecinos Zaragoza Antigua o de Conde Aranda, por ejemplo) para decidir los usos del inmueble. Para Martínez resulta irónico que un colectivo que nació como "autogestionario" acabe en un centro municipal "con facturas de agua y electricidad que pagan todos los zaragozanos".